En la práctica, la derogación del sistema transitorio supondrá un recorte considerable en las ventajas con las que los interinos accedieron, durante un lustro, a las pruebas para hacerse con una plaza en propiedad.
Hasta 2011 ha habido una única prueba, pero en la convocatoria de este curso habrá dos que tendrán, además, carácter eliminatorio. La primera estará dividida a su vez en dos: una práctica y otra de desarrollo de un tema.
Para poder pasar a la siguiente fase se necesitará tener de media un cinco en ambas y en ninguna de las dos subpruebas se podrá sacar menos de un dos sobre diez.
La segunda estará compuesta por una programación y la exposición de una unidad didáctica que los interinos ya no podrán sustituir, como hasta ahora, por un informe de su actividad profesional. La oposición supondrá dos tercios de la nota del concurso.
Hasta ahora, la “preparación, exposición y, en su caso, defensa de una unidad didáctica” podía ser sustituida, en el caso de los interinos en activo, por un informe que, “de conformidad con las funciones atribuidas a los órganos de selección”, tenía que ser “juzgado, valorado y calificado por el Tribunal correspondiente” y en el que debía acreditarse “al menos la concreción de los objetivos de aprendizaje que se han perseguido en las unidades didácticas, sus contenidos, las actividades de enseñanza y aprendizaje que se plantean en el aula y sus procedimientos de evaluación”.
Objetivo, reducir la temporalidad en los centros
La Ley Orgánica de Educación (LOE) de 2006 estableció que “durante sus años de implantación” el acceso a la función pública docente se realizaría mediante un procedimiento selectivo en el que, en la fase de concurso se valoraría “la formación académica y, de forma preferente, la experiencia docente previa en los centros públicos de la misma etapa educativa, hasta los límites legales permitidos”. Este sistema transitorio fue una de las medidas encaminadas a “la reducción del porcentaje de profesores interinos en los centros educativos” para, en el plazo de cuatro años, “no sobrepasar los límites máximos establecidos para la función pública”.
