¿Qué sucedió en los días previos a las avalanchas de miles de marroquíes?, ¿qué papel jugaron los servicios de información?, ¿se pudo hacer algo para evitar no ya solo la actual situación de crisis en Ceuta, sino también las muertes de más de 140?
La magistrada María Tardón tiene el reto de empezar a arrojar claridad en este asunto. Es la misma que lleva la investigación del famoso narcotúnel entre Ceuta y Marruecos. Del tráfico organizado de hachís se pasa a investigar qué hay detrás de un auténtico chantaje, de un ataque premeditado contra la frontera sur de Europa.
La Fiscalía ya ha comunicado que avala que la Audiencia Nacional investigue lo que sucedió el pasado 30 de julio porque es competente para ello.
Ahora la magistrada Tardón deberá determinar el paso que da, después de haber recibido informes sobre los hechos en un escenario de conflicto político por señalar al autor intelectual de ese auténtico desastre, es decir, de quien propuso mover a miles y miles de mujeres, niños, hombres y familias al completo hacia la puerta de Ceuta.
Esa es la clave de todo esto: si existió esa premeditación, si se orquestó la entrada masiva el mismo día en el que el rey de Marruecos celebraba la fiesta del Trono, pero, sobre todo, quien ordenó el ataque.
Lo que determina la Fiscalía
De momento, sobre la mesa, se tienen varios informes. El último el que ha entregado la Guardia Civil para comunicar que no recibió aviso sobre el alcance que tendría esa llegada de inmigrantes, pero sí las informaciones del CNI que no apuntaban al pase de 80.000 personas.
La Benemérita no señala quién estuvo detrás de todo esto, pero sí recoge, porque es evidente y verificado por todos, que existieron alertas sobre lo que podría suceder, sin la envergadura que posteriormente tuvo.
El de la Policía Nacional era claro al apuntar a agentes marroquíes como quienes guiaron a esa entrada, apoyándose con otros de paisano, no uniformados.
El fiscal jefe, Jesús Alonso, asume este caso que investiga la Audiencia Nacional por ser un asunto que afecta a la seguridad nacional, estando sobre la mesa posibles delitos de inmigración legal, homicidio y organización criminal.
La instrucción debería concretar si se produjo una acción que afectó a la independencia y seguridad del Estado.
Informes de Guardia Civil y Policía Nacional
El desastre ya está provocado, ahora todo radica en qué se sabía realmente sobre esa entrada masiva, si se trató de una acción coordinada y, sobre todo, por parte de quién.
El Centro Nacional de Inmigración y Fronteras (CENIF) ha dejado claro que agentes marroquíes facilitaron la entrada de miles de personas, camuflando ese gesto con un fin migratorio.
La Guardia Civil ha elaborado su propio informe a cargo de la Jefatura de Información, son pocos folios en los que se responde a lo que les solicitó Tardón. Cifra los muertos que hubo, 82; aunque sin poder concretar que otros cuerpos hallados con posterioridad fueran de la avalancha.
La magistrada, en una providencia de principios de agosto, solicitó a la Guardia Civil un informe sobre su actuación en este episodio y que le detallara si recibió alguna información en días previos que pudiera haber alertado sobre lo que iba a ocurrir.
Este documento está en manos de la magistrada desde este viernes.
Una de las patas más importantes de todo este asunto está en Marruecos, allí se inició todo, allí se originó la estrategia para ejecutar un plan que terminó con muertes y el bloqueo de Ceuta. Hay que aclarar quién promovió todo esto.
El origen de todo
Tardón acordó abrir diligencias previas después de recibir una denuncia penal presentada por la organización Iustitia Europa contra funcionarios, «integrantes de organizaciones criminales» y autoridades españolas y extranjeras «que pudieran ser identificadas».
Se le pide por parte de la Fiscalía que declare secreto parcial de las actuaciones para que pueda avanzar en las investigaciones.
