En el tablero de la geopolítica presente, los migrantes han dejado de ser meramente vidas que exploran un futuro mejorable para erigirse, en no pocos contextos, en chivos expiatorios de presión manejados no solo por actores estatales. Así, el empleo de desplazamientos de población como catalizador estratégico, desenmascara un escenario inextricable: las crisis migratorias no son incesantemente sucesos instintivos. Y detrás de las enseñas de fronteras existen un sinfín de directrices políticas, conjeturas diplomáticas y divergencias globales que convierten la angustia humana en moneda de cambio internacional.
Lo cierto es que en diversos lugares del planeta el tránsito de personas se origina de manera demoledora y en un breve intervalo de tiempo, siendo esgrimidos no tanto para confiscar algún territorio, sino para mandar recados políticos, propiciar aparentes negociaciones forzadas o perturbar al país vecino. A ello hay que añadir, que esta manipulación no es la única leyenda interpretativa, pero al menos ayuda a vislumbrar por qué los límites fronterizos, allende de ser simples líneas divisorias o fronteras, acaban transformándose en marcos de crispación entre Estados.
En esta realidad nada halagüeña, las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla ocupan una parte exclusiva de este entramado, porque son las únicas fronteras terrestres de la Unión Europea (UE) con el continente africano y constituyen enclaves europeos sometidos a un régimen jurídico excepcional. Su disposición específica las hace ser fundamentalmente sensibles a las desavenencias políticas y diplomáticas.
Sin lugar a dudas, me refiero a dos territorios envueltos en algunas de las estructuras de cerramientos más avanzadas y con una inspección diaria de rigor y fronteras físicamente blindadas. Asimismo, en la vertiente jurídica predomina el desconcierto. Y aunque en Marruecos deambula la ilusoria concepción de que pisar Ceuta lleva al pórtico del Viejo Continente, la normativa española y comunitaria al respecto es incuestionable.
Me explico: el acceso irregular en estos enclaves no admite transitar a la Península sin comprobaciones documentales minuciosas. Esta tergiversación por momentos nutrida de cinismo, posibilita que los flujos migratorios se dispongan como palanca de influencia en coyunturas de enfrentamiento bilateral. Con lo cual, los episodios acontecidos en Ceuta en los años 2021 y 2026, respectivamente, estampan esta confabulación tortuosa. Ambas casuísticas prueban cómo la frontera puede convertirse en un arma de amenaza híbrida. Y ni mucho menos el caso de Ceuta es un hecho puntual, porque en múltiples momentos Marruecos se ha valido de estrategias semejantes.
Con estas connotaciones preliminares, este contexto se asienta en un marco europeo punteado por un viraje continuado hacia la securitización. Y es que desde los inicios del siglo actual, España trabaja en un enfoque único de la política migratoria de la Unión. Su naturaleza de frontera exterior, emplazada en el surco geopolítico y geoeconómico que descose el Norte y el Sur global, la instala en el punto de impacto de dos raciocinios. Primero, la securitaria, donde prevalece tanto la vigilancia y el control, como la contención y la externalización; y segundo, la humanitaria, que hace hincapié en que la inmigración es un fenómeno sistémico que requiere de protección y derechos.
El robustecimiento de la Agencia Europea de la Guardia de Fronteras y Costas (Frontex), el organismos de la UE encomendado en salvaguardar sus fronteras exteriores y la expansión de las políticas de externalización, han relegado el centro de gravedad de la labor comunitaria. Ahora, lo prioritario no es la solidaridad interna, sino impedir que las oleadas alcancen superficie europea.
Para España, esto entraña una progresiva subordinación funcional de los sistemas europeos y una coerción política para armonizarse con el relato del seguimiento riguroso, lo que simplifica su libertad de acción. Ceuta y Melilla se mueven en este aspecto como recintos de pequeño nivel de la política fronteriza europea: allí se experimentan y se hacen perceptibles las rigideces entre externalización, control y derechos.
El pronunciamiento de los aliados europeos contribuye de modo categórico en esta álgebra. Los países del Norte y Este procuran vigorizar la securitización, mientras que las naciones del Sur demandan compromiso compartido y métodos de asignación que contemplen el elemento diferencial que padecen los límites externos. Toda vez, que España ocupa una posición intermedia. Es decir, es frontera exterior y por tanto, actor enfocado en la seguridad. Al igual, que es estado mediterráneo y por tanto, partícipe humanitario. También es socio europeo y por tanto, sujeto supeditado y potencia regional. Lo que a fin de cuentas lo convierte en representante negociador.
La zozobra habida entre securitización y solidaridad no es una complejidad transitoria, sino una estructura permanente de la política migratoria europea. En ella, España ha de conformar la misión de la frontera con la preservación de los principios democráticos y humanitarios que propugnan su función exterior, consecuente de que la manera en que atienda a estos retos concretará no solo su conexión con Marruecos, sino igualmente la tendencia de la iniciativa comunitaria en términos generales.
Tanteados sucintamente los contrapesos, la migración compulsiva todavía puede dar la sensación de ser una estrategia que merece la pena continuar. Esto es evidente para los que resisten intentando hacer caer la balanza en la actuación de objetivos latentemente sensibles y pocos propensos a desistir a sus exigencias en entornos conocidos, como las democracias liberales desarrolladas. A todo ello hay que agregar que la inmigración ilegal como recurso político puede ser aún más eficaz, si ésta focaliza sus esfuerzos en los puntos donde las fricciones raciales pueden ser altas.
Sin inmiscuir de lo apuntado, que la distensión del control del gobierno central puede quedar implicado incluso en los momentos álgidos y donde los medios indispensables son reducidos y el consenso sobre la legitimidad del régimen político es quebradizo. En el mejor de las ocasiones, un flujo podría constituir una seria amenaza.
En contrapartida, otro factor de riesgo inconfundible de las democracias liberales reside en el temperamento agresivo de la toma de decisiones políticas dentro de estos países. Este individualismo político se muestra, entre otras fórmulas, en una extensa diversidad de acomodos políticos internos que consagran vías de acceso para que grupos de la sociedad tercien en la política gubernamental.
“Marruecos, ejerciendo este patrón de política migratoria, tal vez, está más próximo de ser el ‘Gran Marruecos’, gracias al automatismo imperante de la inmigración forzosa como herramienta de coerción”
Conjuntamente, las fuerzas políticas de la oposición consiguen avistar en esta crisis una posibilidad para tachar la determinación del Gobierno, adquiriendo un beneficio electoral e influjo político para registrar niveles más elevados de poder. Esta contrariedad se acentúa sobre todo si se hace referencia a la evolución de la toma de decisión de la UE, donde han de coordinarse numerosos actores políticos para ofrecer una declaración apropiada, firme y competente a una cuestión concreta.
Ciñéndome en el Reino de Marruecos y la realidad en la que se decanta, es preciso hacer una llamada a sus socios estratégicos. Dentro de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), Marruecos dispone de importantes respaldos como la República Francesa y Estados Unidos que como es sabido son miembros permanentes del Consejo de Seguridad. El primero, aboga por el país alauí porque es rival de la República Argelina Democrática y Popular y los lazos con Estados Unidos se han ampliado como derivación del cambio de posicionamiento con relación al Estado de Israel, restableciendo sus engarces con el pueblo judío. Esto hace que por momentos Marruecos cuente con el sostén explícito de estos miembros, además de ostentar un papel protagónico en la ONU, o que éstos se mantengan a un lado de los entresijos internacionales hispano-marroquíes.
Pese a las divergencias culturales y sociales visiblemente reales entre Marruecos y el universo occidental, éste es un aliado de Occidente y sobre todo, de Estados Unidos. Recuérdese al respeto, que en plena Guerra de Independencia, Marruecos se convirtió en el primer estado en reconocer a las trece colonias como un país soberano, instituyendo en 1786 un tratado de amistad entre las dos naciones.
En nuestros días, Marruecos hace lobby en Estados Unidos desempeñando su proyección por medio de think-tanks como el Moroccan American Center for Policy (MACP). Y por si fuera poco, Marruecos es la puerta que posee Occidente para ingresar en África y los últimos resultados de su política así lo indican. Obviamente, esto le otorga cierta autonomía y libre albedrío para acechar sus reivindicaciones de expansión en su prisma geopolítico, que saca a colación un Marruecos más amplio del que se estableció en 1956 con su independencia.
Hablamos de la teoría nacionalista e irredentista del ‘Gran Marruecos’, postulando que las fronteras existentes del reino son artificiales e incompletas, por lo que deben ampliarse para rescatar los límites de antiguos imperios medievales. Este caldo de cultivo comenzó a hilvanarse como ideal geopolítico cuando la monarquía y los nacionalistas marroquís encarnados en el partido Istiqlal, implantaron un engranaje inapelable para administrar Marruecos.
De hecho, se denunciaron en El Cairo las ínfulas geográficas a las que aspiraba alcanzar el proyecto ‘Gran Marruecos’. Hasta el punto, que en el mapa se exponía la añadidura a su soberanía de los espacios territoriales españoles en África del Norte de Ceuta, Melilla y los peñones y en África Occidental, Sidi Ifni, la franja de Tarfaya y el Sáhara Occidental. Conforme se han sucedido los trechos, Marruecos ha ido adquiriendo sus propósitos. Un claro ejemplo que deslinda esta confirmación es la invasión y subsiguiente ocupación militar de la entonces provincia española del Sáhara, denominada por el Gobierno de Marruecos la ‘Marcha Verde’ (6/XI/1975).
Hoy, los afanes de Marruecos en el Sáhara Occidental adquirieren mayor acotación de certidumbre, cuando en 2020 Donald Trump (1946-80 años) convino la soberanía de Marruecos sobre este territorio. Indiscutiblemente, esta objeción fortaleció el ensueño de Rabat, induciendo todavía más a Mohamed VI (1963-62 años) a instar sobre las ciudades autónomas.
Pero regresando al argumento internacional y a criterio de algunos analistas, Marruecos es un socio preferente para la UE en lo que atañe a la lucha contra la inmigración ilegal (vigilancia de la ruta marítima del Estrecho de Gibraltar y el mar de Alborán). Es por ello, que todo lo que sea patrocinar la cooperación con Marruecos, ayuda a la inspección de las fronteras de la Unión. Estas lógicas para atajar este fenómeno hacen que Marruecos sea el tercer país mejor servido por las ayudas financieras europeas.
Como quiera que sea, el posicionamiento de Rabat con respecto a Ceuta y Melilla es irrevocable: carga repetidamente con planes proactivos, insinuando sobre ellas el lastre de “ciudades ocupadas” y a los islotes españoles como “islas expoliadas”. Marruecos en todo momento ha fundamentado que la reclamación territorial de estas ciudades ha de encontrar una salida dialogada.
Y al hilo de lo anterior, Hasan II (1929-1999) planteó a España una “célula de reflexión” para examinar estas materias, pero España no cedió ni un ápice ante la pretensión marroquí y optó por no emprender ningún signo de negociación. Al mismo tiempo, Marruecos y su aparato político han incidido en la representación marroquí de la urbe musulmana que reside en estos territorios.
De este modo, Marruecos actúa sumido en una política estrictamente interna de España, recurriendo al amaño de una minoría o colectivo social. El objetivo que acorrala con resultados favorables para Rabat es forjar un escenario de caos migratorio y así justificar sus reclamaciones. Claro, que así la inmigración puede ser un recurso para tener en vilo y comprometer la soberanía de un país.
Una pericia de acoso y derribo para exigir los territorios de manera selectiva, llegando a la postre a la imposición de Ceuta y Melilla, que no es un simple hecho de elucubración, sino que como ya he apuntado, ha sido expresado por Marruecos ante la ONU.
Considerando la contraparte en este conflicto, los territorios de España, al ser miembro de la OTAN y la UE, en teoría gozan de protección. Y digo en teoría, porque no ha de eludirse que Ceuta y Melilla se hallan más preservadas dentro de la Unión que en la Alianza Atlántica. Y en el Tratado del Atlántico Norte no se engloban expresamente a estos territorios. Matiz que ha dado origen a un cúmulo de réplicas y discusiones y a diversa literatura anotada sobre ellos.
El caso es que en la cima y el colapso de la situación migratoria por momentos, ha trasladado a España a desplegar en cooperación con Marruecos un sistema SAR, pero en numerosas ocasiones este procedimiento se ve atropellado por los conflictos existentes entre los dos estados. Mayormente, por las reclamaciones de Marruecos sobre los territorios de Ceuta y Melilla, generando múltiples inconvenientes a la hora de demarcar las franjas marítimas del otro.
La ruta del Mediterráneo es distinguida por ser una de las regiones donde concurre un mayor número de inmigración en dirección a Europa. Amén, que el movimiento migratorio que transcurre en el Estrecho de Gibraltar no se queda atrás en correlación con el resto de rutas. Es por ello fundamental que ambas partes contribuyan para ofrecer un mínimo resquicio de solución a estos infaustos sucesos que se producen crónicamente en las costas españolas.
Dentro de la cooperación SAR el papel principal lo pone de manifiesto España, debido a que Marruecos no ha contado con los recursos imprescindibles disponibles. Pero en virtud de los fondos proporcionados por la UE y España, Marruecos ha actualizado su equipo generando efectos favorables en el terreno de la cooperación SAR y la lucha contra la inmigración ilegal.
Sin embargo, esta cooperación puede verse gravemente deteriorada por la falta del aporte voluntario marroquí. Resultante de las muchas disonancias que han suscitado los territorios españoles en el Norte de África y el parecer de España con el Sáhara Occidental, estilando la migración como forma de forzar.
Visto lo desmenuzado en estas líneas, la tesis de la inmigración en las ciudades autónomas ha sido históricamente omitida por España, desde la primera migración bereber a Melilla hasta las últimas migraciones ocurridas. La postura de los ejecutivos ha quedado en la apatía o en la incapacidad sin planificación previa.
Más bien, el talente de España y sus líderes podría definirse de reactivo, porque los contactos hispano-marroquíes persisten como un asunto vetado en el tiempo y difícilmente se ha tratado para procurar zanjarlo de una vez por todas y contrarrestar las pretensiones marroquíes. Aunque ha de matizarse que en la Estrategia de Seguridad Nacional del año 2021, salió a la luz un Plan Global de Seguridad dirigido a Ceuta y Melilla.
He de incidir en el aspecto democrático del sistema español y que por ende, lo hace más inconsistente y con un margen de movimientos más reducido que Marruecos. Las máximas como el Estado de Derecho, la transparencia o el cumplimiento de la legalidad internacional, coartan la visión estratégica que posee un estado para encarar sus amenazas. A ello hay que sumar la polarización de las fuerzas políticas conducente a la actividad exterior, ocasionando que España sufra un carácter de oscilación a la hora de cumplir con los objetivos formulados.
No obstante, no resulta chocante oír a diversos expertos señalando a Marruecos como un vecino incógnito. Véanse las relaciones históricas entre ambos países que en no pocas ocasiones han rendido un cúmulo de conflictos y disputas por temas mayoritariamente de calado territorial. Y si cabe, estas discrepancias aumentan por los contrastes sociales, culturales y políticos.
Los asuntos exteriores entre España y Marruecos muestran una vasta inestabilidad y siempre en favor del segundo. Lógicamente, con estímulos detonantes en los enclaves españoles emplazados en el continente africano. Y no es para menos, porque por activa y por pasiva, Marruecos ha declarado en obstinadas veces su soberanía sobre estos territorios.
Trascendiendo de lo empírico y retornando al diagnóstico global de las relaciones, de ningún modo alivia la estabilización de la política exterior hispano-marroquíes, la actitud suspicaz que no hace más que avivar un entorno desfavorable e impreciso. Al igual que se encuentra en la palestra los debates territoriales indirectos, como el contencioso territorial sobre el Sáhara Occidental.
Otro componente producto de las diferencias culturales y sociales y que no ha de soslayarse, es la ignorancia de un pueblo sobre otro. Este desconocimiento en las generaciones más jóvenes produce un claro sentimiento de susceptibilidad, incluso como ya he indicado, en las relaciones internacionales de los dos estados.
Y mirando a Europa, la UE es un actor político primordial para amenizar los nexos bilaterales entre ambos estados. Ahora bien, estas relaciones pueden ser el resultado del descontento. No se quede en el tintero que algunas sentencias del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), no contemplan el Sáhara Occidental como parte del territorio marroquí y esto posiblemente zarandea las relaciones bilaterales. Aunque fríamente el trato entre ambas instituciones es mucho más amistoso desde que España es miembro de la UE.
“Ceuta vuelve a toparse en el punto más crítico de una crisis que es humanitaria en sus efectos, marginal en su desenvolvimiento y sutilmente política en sus fuentes potenciales”
Con anterioridad a los hechos acaecidos en Ceuta (30/VII/2026), había disminuido la tensión proveniente de las pretensiones marroquíes en estos territorios, debido al viraje de posicionamiento del Gobierno de España, quien apoyó el punto de vista escudado por Rabat aclarando literalmente que “España considera que la iniciativa de autonomía es la base más seria, realista y creíble para la resolución de este diferendo”.
Este vaivén de parecer que muchos condenan tajantemente de incomprensible, deja a España todavía más deleznable de cara a los intereses marroquíes. Por ello, es perentorio que tanto la UE como España, se involucren de lleno para apuntalar las posiciones de los territorios españoles, descartando cualquier probable instigación de Marruecos de desplegar presión sobre ellos.
Ha de subrayarse que la participación con Marruecos en la política migratoria no es fructífera y que la situación de tensión y choque constatadas, no genera beneficio a ninguna de las partes. Como del mismo modo, tanto en España como en sus ciudades autónomas, se genera un daño inmediato. De ahí, que deba instaurarse otro marco de cooperación que circunscriba a Ceuta y Melilla y, sobre todo, terminar con la coyuntura diplomática discordante a merced de Marruecos.
Muchas son las voces que a día de hoy interpelan que España ha de hacer uso de su valía en la Unión, para lograr amputar la inercia desbocada de la inmigración ilegal, afianzando las posiciones de Ceuta y Melilla en el marco europeo. Así, como promover comisiones de investigación europeas en los límites fronterizos españoles. Solo de esta manera, la UE se involucrará en el problema para solventarlo. Por el contrario, si el conflicto se retrae internacionalmente, las ayudas necesarias no llegarán para poner fin a un conflicto que en ningún tiempo debería haber ocurrido.
Ante los precedentes desgranados en esta disertación, Ceuta vuelve a toparse en el punto más crítico de una crisis que es humanitaria en sus efectos, marginal en su desenvolvimiento y sutilmente política en sus fuentes potenciales. Por tal motivo, se considera que la manera más conveniente de operar corresponde a incrementar las posiciones reglamentarias de las ciudades autónomas dentro de la UE. Siendo capital elaborar un estatuto definido en consonancia a las singularidades específicas de Ceuta y Melilla, únicos frontispicios exteriores terrestres europeos en África y que sufren a más no poder una presión migratoria persistente.
Ciudades españolísimas como Ceuta y Melilla, en las que entre las diferentes minorías étnicas y religiosas que residen, predomina la riqueza multicultural como crisol de culturas en concordancia con los valores europeos y la convivencia democrática.
Marruecos es un socio estratégico para España en materia comercial, antiterrorista y migratoria. Inexcusablemente, por eso ha de demandársele una colaboración insobornable, no sometida a las discordias bilaterales de cada circunstancia o momento. La buena sintonía entre Estados no radica en sortear cualquier crítica, sino en llevar a término los compromisos asumidos y respetar los límites fronterizos reconocidos internacionalmente.
La penuria fusionado a la falta de expectativas entre los diversos segmentos de la juventud marroquí, ayudan a entender por qué tantos individuos se juegan la vida en milésimas de segundos en las aguas, pero no esclarecen por sí solas una irrupción súbita de similar magnitud. Tampoco resulta concluyente achacarla instintivamente a la sentencia del Tribunal Supremo sobre las devoluciones inmediatas. El Alto Tribunal ha determinado que el calificado rechazo en frontera se emplee a quienes salvan una valla u otro obstáculo material de contención, pero no a los sujetos interceptados en el mar, cuya devolución ha de gestionarse con las garantías previstas por la ley.
Finalmente, a criterio del lector las resoluciones judiciales pueden incitar en las rutas seleccionadas por las redes que emprenden o espolean las partidas, pero es inaudito que miles de jóvenes sepan con exactitud una teoría jurídica prescrita semanas antes. Decir que la sentencia es la raíz subyacente de la crisis, se aprovecharía ingeniosamente para relegar la atención de lo que ciertamente hubo en el lado marroquí de la frontera y por qué fracasaron los dispositivos de vigilancia y prevención.
Y como epílogo y punto y seguido de lo aquí retratado, Marruecos, ejerciendo este patrón de política migratoria, tal vez, está más próximo de ser el ‘Gran Marruecos’, gracias al automatismo imperante de la inmigración forzosa como herramienta de coerción.
