Caballas ha tenido conocimiento, a través de las manifestaciones de los propios afectados, de que en la actualidad existen menores en edad escolar, cuyas familias tienen permiso de residencia expedido por el Gobierno de la Nación con todos los pronunciamientos legales, que residen en Ceuta, y a los que se les está impidiendo el ejercicio de derecho a la educación contemplado en la Constitución.
Las dos administraciones (Dirección Provincial de Educación y Gobierno de la Ciudad), de manera conjunta, “aunque no sabemos si pactada o casual, aplican un diabólico plan basado en decisiones de muy dudosa legalidad y, sin ninguna duda, absolutamente inmorales que vulneran los derechos de los menores”, denuncia la coalición, que amenaza con acudir a la Fiscalía si no se adoptan las medidas oportunas para escolarizar a los afectados.
Dice Caballas que el Ministerio sin sujetarse a ninguna norma, exige para escolarizar a los menores el “empadronamiento”, cuando este no es un requisito legal, algo que el Ayuntamiento demora “sine die, poniendo trabas y excusas administrativas, desconocemos si siguiendo directrices posibles”, apuntan.
Los menores no están recibiendo la educación a la que tienen derecho y reclama que se adopten las medidas pertinentes para regularizar esta situación.
