‘Vidas en transición’. Ese es el título del informe que el Servicio Jesuita a Refugiados (JRS, en sus siglas en inglés) ha presentado esta semana a la Unión Europea para denunciar que “las deportaciones forzosas” y las violaciones de los Derechos humanos son la norma cotidiana para los inmigrantes en Marruecos y Argelia. “Durante años, la UE ha contado con Marruecos, adonde ha enviado de regreso a los inmigrantes sin garantizarles ningún tipo de procedimiento que permita la identificación de las personas que necesitan refugio, y en Argelia, muchos inmigrantes también quedan atrapados sin protección y a menudo se ven obligados a mendigar en la calle y a vivir en edificios abandonados”, ha denunciado el investigador Andrew Galea Debono, que durante los últimos meses también ha visitado Ceuta en el marco del trabajo de campo para su dictamen final.
En él, Galea Debono recoge testimonios directos de subsaharianos como Armel, un camerunés de 37 años, que, de noche, intentó recorrer a nado dos kilómetros desde la costa marroquí hasta el enclave español de Ceuta, en 2006. Con cuerdas, se ató un neumático en el que iba una mujer embarazada. Lejos de la orilla, el neumático pinchó, y en su lucha por sobrevivir la mujer perdió el conocimiento. Una embarcación de la Guardia Civil les descubrió y les subió a bordo, pero “en vez de llevarnos a un lugar a salvo y ayudar a que la mujer se recuperase, nos enviaron de vuelta a la costa de Marruecos, y nos tiraron al mar”.
“Les dije”, refleja el informe, “que ella, que todavía estaba inconsciente cuando la echaron al agua, estaba embarazada, pero no me creyeron. La policía marroquí nos vio y nos ayudó a llegar a tierra. Nos las arreglamos para sobrevivir, pero la mujer perdió a su hijo”, termina.
JRS reclama que la UE y sus Estados miembros garanticen que el acceso a los procedimientos de refugio y la protección de los Derechos Humanos sean una prioridad en todos los acuerdos bilaterales con Marruecos y Argelia.
Igualmente, exige que las repatriaciones forzosas a ambos países “deben detenerse hasta que cada gobierno demuestre que respeta los derechos de todos los inmigrantes y que no los expulsa a la frontera del desierto sin revisar legalmente cada caso”. “La UE debe tomar la iniciativa y hacer de los Derechos Humanos un asunto innegociable en sus relaciones con terceros países", reivindica.
