La Consejería de Sanidad propone una multa de 6.000 euros a un vecino de Ceuta por no vacunar a su perro contra la rabia y obstruir de forma reiterada la inspección de los servicios veterinarios.
Este es el desenlace de un proceso que comenzó a principios de año y que pone de relieve la importancia de cumplir con la normativa sanitaria animal, especialmente en zonas de riesgo.
El origen de este expediente sancionador que conlleva multa se remonta al pasado 14 de enero de 2026.
Aquel día, agentes de la Policía Local se desplazaron hasta la barriada Juan Carlos I tras recibir un aviso del vecindario. La ciudadana alertaba sobre una situación de falta de higiene y posible abandono de varios animales en el interior de una vivienda.
Al llegar, los agentes pudieron constatar la presencia de una gran cantidad de suciedad en las zonas comunes y el rellano del portal, aunque no consiguieron que nadie les abriera la puerta tras llamar insistentemente.
El caso de 'Janko' y la falta de vacunas en un estado de alerta por rabia
Tras la diligencia policial, la Consejería de Sanidad y Servicios Sociales tomó cartas en el asunto para verificar el estado de los animales. Al consultar las bases de datos oficiales (SIACE), los técnicos identificaron a uno de los perros, un can de nombre 'Janko'.
El historial sanitario del animal reveló un dato alarmante: su vacuna contra la rabia había caducado el 29 de abril de 2025.
Esta negligencia adquiere una gravedad mayor debido al contexto sanitario de la ciudad. En el momento en que se produjeron los hechos, Ceuta se encontraba en Nivel 1 de Alerta por Rabia.
Este escenario obliga a mantener restricciones severas y medidas de bioseguridad reforzadas para evitar que la enfermedad se propague a través de posibles animales portadores, con un régimen sancionador que incluye multas. Según explican las fuentes, no vacunar a un animal en estas circunstancias supone un riesgo directo para la salud pública de todos los ciudadanos.
La Administración se encuentra con un muro de silencio: la hija recibió una notificación
Lo que podría haberse resuelto con una regularización de la cartilla sanitaria se complicó debido a la actitud del propietario. La Administración intentó en varias ocasiones ponerse en contacto con el dueño para que aportara la documentación del perro.
De hecho, consta que el 18 de febrero de 2026, la hija del interesado recibió una citación oficial, pero el propietario nunca compareció ni presentó alegaciones en el plazo legal.
Ante este silencio, los servicios técnicos de Sanidad se desplazaron personalmente al domicilio en la barriada Juan Carlos I. Sin embargo, la respuesta fue la misma: nadie atendió a los inspectores, un hecho que quedó reflejado en un acta oficial de la Consejería.
Esta actitud ha sido calificada como una "obstrucción o falta de colaboración" grave con las autoridades que acarrea multa.
Desglose de una multa contundente
La resolución, firmada por la consejera Nabila Benzina, propone una multa total que asciende a 6.002 euros. Esta cantidad es el resultado de sumar dos infracciones graves tipificadas en la Ley de Sanidad Animal:
- 3.001 euros por no cumplir con la medida cautelar de vacunación obligatoria en plena alerta sanitaria por rabia.
- 3.001 euros por negarse a colaborar y obstruir la labor de inspección y control de los servicios veterinarios.
La normativa actual es estricta en este sentido. La ley establece que los propietarios tienen la obligación de aplicar todas las medidas sanitarias impuestas para prevenir enfermedades animales y facilitar los medios necesarios para que las autoridades puedan realizar su trabajo con seguridad.
Posibilidad de reducción y plazos legales
A pesar de la cuantía de la multa, el procedimiento administrativo contempla una vía para reducir el impacto económico. Si el infractor reconoce voluntariamente su responsabilidad, podrá beneficiarse de una reducción del 20% sobre el importe total.
En ese caso, la multa pasaría a ser de 4.801,6 euros, siempre que se renuncie a presentar recursos o alegaciones posteriores.
El propietario dispone ahora de un plazo de 15 días hábiles para presentar los documentos o alegaciones que considere oportunos antes de que la propuesta de resolución sea definitiva.
Además, se le ha instado a comparecer en un plazo de 10 días en las oficinas de Sanidad Animal para regularizar la situación documental de su perro.
El caso de 'Janko' sirve de advertencia sobre las graves consecuencias, tanto sanitarias como económicas, que conlleva desatender las obligaciones básicas hacia nuestras mascotas en Ceuta.
