Piden la nulidad del despido y subsidiariamente la improcedencia, y la Administración dice que se trata de una finalización normal de contratos El caso de los catorce trabajadores de la Unidad de Promoción y Desarrollo (UPD) de la Delegación del Gobierno quedó ayer visto para sentencia en el juicio que se celebró por la mañana en el Juzgado de lo Social.
Los empleados de este ente, a través de la Unión General de Trabajadores (UGT) presentaron una denuncia contra la Delegación del Gobierno por despido improcedente. La plantilla presentó una reclamación en agosto y transcurrido este mes no recibió respuesta alguna, por lo que realizó el siguiente paso: presentar la denuncia en el Juzgado de lo Social.
La defensa de los trabajadores considera que se trata de un despido improcedente, por lo que pide la nulidad del mismo y subsidiariamente la improcedencia. Por su parte, la Administración considera que se trata de una finalización normal de contratos.
La UPD quedó disuelta el pasado 15 de agosto, cuando se hablaba de que la Ciudad iba a ser la encargada de gestionar los planes de empleo y ésta decía que no tenía capacidad para asumir estos trabajadores. Finalmente se decidió que la Delegación del Gobierno se encargaría de este programa de contratación temporal. Todo apunta a que el trabajo que realizaban antes los empleados de la UPD lo hará ahora el personal del Área de Empleo de la Ciudad a través de una encomienda de gestión.
