Desde el Gobierno de la Ciudad se defendió que todos los ciudadanos deben estar implicados en la lucha contra el empleo clandestino y no solamente las propias administraciones. Caballas presentó ayer una propuesta para que se firmara un convenio entre la Delegación de Gobierno y la Ciudad Autónoma de manera que se luchara decididamente contra el empleo clandestino.
Se refirió Guillermo Martínez a que es un tema que formaba parte de la hoja de ruta de la Mesa por la Economía y que no parecía lógico firmar un convenio entre dos administraciones que tienen la obligación de trabajar en ese sentido, aunque sí reconoció que se podría protocolizar la parte que le corresponde a la Ciudad Autónoma como la intervención de la Policía Local o que incluso se debería estudiar la posible ayuda de los Servicios Tributarios.
Aún así quiso resaltar que la Delegación del Gobierno había dado a conocer unos datos donde la Inspección de Trabajo en los primeros ocho meses de este año habían levantado tantas actas como durante los doce meses de 2011. En relación a este particular el mismo Juan Luis Aróstegui quiso dejar bien claro que también entre el levantamiento de actas se encuentran infracciones de los empresarios que no están relacionadas con el empleo clandestino y lo que debería explicar la Delegación del Gobierno es cuantas hay en ese campo, “seguro que no tantas”.
