El Consejo de Gobierno que preside Juan Vivas dio ayer su visto bueno al nuevo Convenio de la Ciudad Autónoma con el Ministerio de Educación para el desarrollo de diferentes acciones de compensación educativa y formación de jóvenes y adultos desfavorecidos durante el próximo año académico en todos los centros de la ciudad.
Casi simultáneamente, la Administración local procedió a avisar a los 84 trabajadores que sostiene este acuerdo entre ambas instituciones para comunicarles que inmediatamente serían dados de alta ante la Seguridad Social con el fin de que se reincorporen a sus puestos de trabajo desde el lunes, cuando arrancará la actividad lectiva, hasta el 21 de junio, cuando concluirá y volverán a la situación de desempleo en la que permanecían desde junio, cuando aceptaron convertirse en fijos-discontinuos para que no se produjese ningún despido.
Según precisó la consejera de Educación, Mabel Deu, en declaraciones a los medios, el importe total del Convenio asciende a 2,40 millones de euros. El Ministerio de Educación (MECyD) aporta algo menos del 40% del total, (900.000 euros), mientras que la Ciudad desembolsa el resto (1,59 millones).
“Después de que el último Gobierno socialista no firmase el Convenio del curso académico que terminó en junio y la Ciudad se viese obligada a asumir íntegramente el coste de estos servicios para no perjudicar al sistema educativo”, recordó Deu, “retomamos la colaboración entre Administraciones con compromiso, lealtad y sacrificios por ambas partes en un verdadero esfuerzo por mantener las funciones que realiza este colectivo”.
Los dos objetivos “fundamentales” del Convenio volverán a ser, según explicó Deu, “apoyar” la integración del alumnado con necesidad específica de apoyo educativo “a fin de aliviar las diferencias y discriminaciones que por escolarización tardía o irregular, por desconocimiento del idioma español, por diferencias culturales o cualquier otra circunstancia, tiene dificultades para proseguir una escolarización normalizada y se encuentra en riesgo de abandono escolar prematuro” y “contribuir a la reescolarización y la formación para el empleo de jóvenes y adultos desfavorecidos y con problemas de exclusión social y laboral por carecer de una formación general y de base o de una primera formación profesional que facilite su inserción, con especial atención al colectivo de mujeres”.
