El consejero de Economía, Hacienda y Recursos Humanos, Guillermo Martínez, presentó al Consejo de Gobierno la resolución para la aplicación de la jornada laboral,
después de la aprobación del real decreto ley por parte del Consejo de Ministros en relación con el horario laboral de los trabajadores de las administraciones públicas.
Es la aplicación exacta de la elevación de la jornada de treinta y cinco horas a treinta y siete horas y media. De esta manera todos los trabajadores tanto del Ayuntamiento, como de las sociedades públicas y de los organismos autónomos realizarán este incremento de dos horas y media a la semana con la entrada a las ocho menos cuarto de la mañana y la salida a las tres y cuarto de la tarde. Por otro lado, quienes ya contaban con jornadas partidas y realizaban estas treinta y siete horas y media, incrementarán hasta las cuarenta con la misma solución que sus anteriores compañeros, entrando quince minutos antes y saliendo quince minutos después.
Jornada especial
Y en cuanto a los que tenían jornada especial y efectuaban cuarenta horas, de manera definitiva, se les rebajará el cincuenta por ciento de esa jornada especial que venían cobrando y que supone para cada uno entre ciento veinte y ciento treinta euros mensuales y para el Ayuntamiento es un ahorro de seiscientos mil euros anuales.
Volvió a repetir el mismo Guillermo Martínez que ellos habían buscando por encima de todo que no hubiera una repercusión en el sueldo de los trabajadores, pero que a pesar de todos los intentos que han efectuado, con tres reuniones de la mesa de negociación, ha sido imposible.
Por tanto, en la nómina del mes de agosto se producirá ya esta bajada de los ciento veinte euros y los dos días del mes de julio desde que comenzo la aplicación de la medida el pasado lunes.
Convenio de patrimonio bibliográfico con MEC
Un convenio con el Ministerio de Educación y Cultura para mejorar las labores de patrimonio bibliográfico tanto de la Iglesia como el perteneciente al Ministerio de Defensa se aprobó en la jornada de ayer en el Consejo de Gobierno. Lo que se busca es la digitalización de los mismos para que puedan ser consultados por especialistas y público en general. Este convenio es de diez mil euros con aportación de las dos administraciones, tanto la central como autonómica.
