La Oficina del Defensor del Pueblo reitera en su informe anual correspondiente a 2011 que continúa haciendo gestiones para que la Comisión Europea inicie un procedimiento de autorización para la exportación de productos de origen animal de Ceuta y Melilla. Según se indica en la memoria de este organismo, el Defensor del Pueblo se interesó por este asunto a raíz de la queja de un empresario de Melilla, dedicado a la depuración de moluscos y su exportación a países europeos, que ejercía dicha actividad, con todos los permisos y autorizaciones pertinentes desde el año 2006. Sin embargo, el 19 de noviembre de 2008 la Dirección General de Sanidad Exterior dictó una instrucción restringiendo el paso de las mercancías de origen animal desde Melilla (y también Ceuta) a la UE, lo que obligó a este empresario a tener que cesar su actividad al tratar a Melilla como su fuera un país ajeno a la UE. Esta instrucción se dictó en respuesta a los requerimientos de la Comisión Europea que, desde finales de 2004 había denunciado en varias ocasiones irregularidades en relación con el comercio de origen animal entre ambas ciudades y el resto de la Unión Europea.
La Subsecretaría de Sanidad y Política Social contestó respecto a este asunto que deriva de la exclusión de Ceuta y Melilla de la aplicación de la política agrícola comunitaria como establece el Tratado de Adhesión de España a la UE, “que tiene como consecuencia que los productos alimenticios orginarios de Ceuta y Melilla, introducidos en el resto del teritorio nacional, tengan la consideración de productos con origen en territorio no perteneciente al territorio aduanero” de la Unión Europea “y por tanto exista la obligación de ser sometidos a los controles sanitarios previstos en la normativa comunitaria de aplicación en las fronteras”.
Así, indica el Defensor del Pueblo que, pese a las gestiones iniciadas ante instancias comunitarias en los últimos años para que se autorizara la importación de productos de origen animal provenientes de ambos territorios, no se ha avanzado nada al respecto. Este asunto podría resolverse “poniendo en marcha algunos de los antecedentes sanitarios existentes en el ámbito de la Unión Europea al respecto, en cuyo caso manifestaban su disponibilidad para apoyar la correspondiente negociación con la Comisión”.
Sin embargo, explica el informe que ,debido a las dificultades de abastecimiento y encarecimiento que la adopción de esta medida podría suponer para ambas ciudades autónomas, señalaba que antes de adoptar una decisión definitiva en un sentido o en otro “debería estudiarse conjuntamente con todos los departamentos de la administración implicados, así como con las autoridades de ambas ciudades”.
