El Ministerio de Justicia se ha comprometido a concretar "de inmediato" una oferta económica a los funcionarios y ha emplazado a otra reunión a los sindicatos, que piden que la subida salarial sea igual para todos, tanto los que dependen del departamento como los que trabajan en comunidades con competencias transferidas.
El secretario de Estado de Justicia, Manuel Olmedo, se ha reunido este miércoles con representantes de CSIF, STAJ, CCOO, UGT, CIG y ELA en el marco de una mesa sectorial que ha culminado la primera fase de las negociaciones que se iniciaron el pasado 10 de enero.
Según informa el Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Olmedo ha propuesto a los representantes sindicales iniciar una nueva etapa en la que se negociarán, en mesa delegada, las actualizaciones retributivas para los funcionarios sobre los que tiene competencia el Ministerio. Estas son Baleares, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Extremadura, Murcia, Ceuta y Melilla, Tribunal Supremo y Audiencia Nacional.
La propuesta no ha gustado a los sindicatos, que han reclamado que la subida salarial sea por igual para los alrededor de 45.000 funcionarios de la administración de Justicia de todo el país.
Lamentan que la propuesta sea la misma que el pasado mes de mayo, cuando estaba en marcha la huelga convocada en el sector en busca de un aumento salarial y mejores condiciones laborales.
CCOO rechaza la propuesta del Ministerio
"Las peores expectativas se han cumplido y el Ministerio de Justicia nos ha trasladado la misma propuesta que ya nos hizo cuando comenzaron las movilizaciones sin modificarla ni un ápice: una subida del complemento específico para el ámbito no transferido que sería negociada de inmediato en la mesa delegada de negociación de este ámbito concreto, en cuya primera reunión se nos comunicarían las cuantías económicas de esta oferta", han explicado.
El argumento, "más bien a excusa", para no proponer una subida generalizada de todos los cuerpos en todos los territorios es que un incremento del complemento general del puesto tendría que ser asumido también por las comunidades autónomas con competencias transferidas "que no están dispuestas a hacerlo, es decir, un problema puramente financiero".
"CCOO hemos rechazado de plano y contundencia esta propuesta y las excusas que la han justificado, ya que esta misma situación se ha dado en otros casos con decisiones del gobierno central que han obligado a un gasto en todos los territorios y eso no ha sido un impedimento para llevar a cabo las medidas económicas que se acuerden, sin perjuicio de que sea financiadas en su totalidad o en parte por el gobierno o por las CCAA con competencias transferidas, en su caso", han continuado.
Reclasificación de los cuerpos generales y especiales
De hecho, CCOO ha puesto sobre la mesa la reclasificación de los cuerpos generales y especiales desde enero de 2004, "cuando cada grupo profesional se elevó una categoría con el consiguiente incremento de salario base, incremento que se aplicó en todos los ámbitos territoriales".
"O también las medidas de eficiencia digital promulgadas en el Real Decreto Ley 6/2023, que obligan a todas las administraciones (transferidas o no) a efectuar un gasto importante para la implantación de las nuevas tecnologías en nuevos equipos y sistemas informáticos. O como ocurre en cada ejercicio presupuestario cuando las CCAA están obligadas por las Leyes de Presupuestos Generales del Estado a aplicar a sus empleados y empleadas públicos/as las subidas retributivas anuales decididas por la administración central".
CCOO ha insistido, por otra parte, en que deben negociarse también el resto de reivindicaciones del conflicto (negociación de la LOEO, carrera profesional, reconocimiento profesional y retributivo de las funciones que realizamos, eliminación de los grupos de población y reglamento y RPTs del Registro Civil), temas a cuya negociación el Ministerio se ha mostrado receptivo, salvo en lo referente a las funciones en lo que sigue mostrando su total reticencia.
Ante este rechazo frontal a la propuesta del Ministerio de Justicia, la reunión de este miércoles "ha quedado suspendida y aplazada su continuación para el próximo día 28". "Esta primera reunión ha resultado frustrante por la falta real de interés del Ministerio en solucionar el conflicto sin mejorar sus propuestas", han concluido.
