La declaración soberanista que 85 diputados catalanes, 85 traidores a España, han interpretado esta semana es parte del camino anunciado por los independentistas catalanes, mientras los responsables de que esto no ocurra hacen oídos sordos, o prefieren pasar de puntillas para no romper ningún cristal.
Los 85, a los que habría que sumar las dos abstenciones del CUP y los 5 votos no emitidos por el PSC, el PSOE en Cataluña, protagonizaron un esperpento quintacolumnista, hazmerreir de cualquier nación seria, si no fuera porque en España cualquier sinvergüenza con cuentas en Suiza es capaz de vender a su madre por engrosar un poco más esa cartera negra por sucia.
En un estado de derecho no se puede tener un doble rasero legal. No podemos perseguir a los ciudadanos para cobrarles una multa por exceso de velocidad, o destituir a un general por hacer público su amor a la unidad de la patria, mientras 85 prebostes de la corrupción que asola a Cataluña se van de rositas tras violar con alevosía y premeditación a la Nación y a la Constitución de 1978.
Esos 85 perjuros, puesto que han quebrantado el juramento constitucional que hicieron, ni siquiera representan a la decisión de los ciudadanos, pues son el 40% del electorado y no llegan a los dos tercios necesarios para cualquier reforma estatutaria, han elaborado un guisote declarativo de vergüenza ajena donde convierten la “Guerra de Sucesión” en “Guerra de Secesión” y la “Guerra Civil Española” en “Guerra contra Cataluña” y donde presumen de resistencia contra Franco, cuando es historia que este dictador, enemigo de la democracia, murió en la cama acompañado por los suyos y se le enterró con honores de Jefe de Estado. Esa es la necesidad de reescribir la historia de todo nacionalismo.
El fondo del asunto es más espurio. Mientras todos prestamos atención a este tipo de declaraciones, incluidas las del iliterato Arthur Mas sobre las ciudades de África, su padre se lleva las bolsas de dinero a Suiza, su partido se financia ilegalmente, y los Pujol amasan una fortuna al calor de la corrupción en Cataluña.
La deriva catalana no es hacia el independentismo, a no ser que con ello puedan robar más, o más impunemente.
La deriva catalana es hacia la sordidez del diálogo de un Estado de Derecho, España, que trata de tú a tú a quienes debieran estar sentados en el banquillo de los acusados por traición.
La sociedad española, entre la que se incluyen los catalanes, debe respetar las corrientes ideológicas que surjan, salvo cuando estas atenten contra el propio sistema democrático y de libertades que nos hemos dado.
Si no toleramos a los partidos nacional socialistas (nazi), o fascistas ¿Por qué hemos de consentirle a estos 85 privilegiados este tipo de acciones? ¿Tiene miedo el estado de derecho?
Al final va a resultar que sí existe una casta política, los que están por encima del estado de derecho, los políticos catalanistas.
