El 19 de agosto de 1982, en su período extraordinario de sesiones de emergencia sobre la cuestión de Palestina, la Asamblea General de la ONU, «consternada ante el gran número de niños palestinos y libaneses que han sido víctimas inocentes de los actos de agresión de Israel», decidió conmemorar, el 4 de junio de cada año, el Día Internacional de los Niños Víctimas Inocentes de la Agresión (resolución ES-7/8). El Colegio Oficial de la Psicología de nuestra ciudad (COPCE) se suma al propósito de este día, que no fue otro que reconocer el dolor que sufren los niños en todo el mundo que son víctimas de maltratos físicos, mentales y emocionales, y mostrar el compromiso, junto al de la Organización de las Naciones Unidas, de proteger los derechos del niño.
Sin embargo, casi treinta y cuatro años después de aquella asamblea, la teórica protección infantil establecida por la ONU sigue siendo objeto de violaciones constantes en numerosos países, como lo son el abuso y la explotación sexuales, la trata o venta de niñas, las peligrosas condiciones de trabajo, la violencia doméstica, el reclutamiento por fuerzas y grupos terroristas armados, el matrimonio infantil, la falta de acceso a la justicia y la falta de determinación de muchas instituciones públicas para acabar con esta lacra. Las prácticas dañinas contra los niños pueden exacerbar la pobreza, la exclusión social, la discriminación, aumentar el riesgo de enfermedades infecciosas (venéreas, VIH, VHC, etc.) e incrementar la probabilidad de que las sucesivas generaciones afronten riesgos similares. Si nos situamos en nuestro país, existen miles de casos de menores que sufren algún tipo de agresión, sobre todo entre las clases más desfavorecidas, donde la inseguridad familiar y la violencia forman parte de su vida cotidiana. Pero también en los casos de separación traumática de los cónyuges, cuando el niño es usado como arma arrojadiza y padece las consecuencias psicológicas de las guerras parentales. Es nuestra obligación como psicólogos curar sus cicatrices psico-emocionales, generar un espacio de comprensión y prevención educativa trabajando con familiares que se encuentran en situación de riesgo, así como eximir al menor de la culpabilidad que le supone sufrir dichas agresiones. Pero son las autoridades socio-sanitarias las que tienen la potestad de disponer de los recursos económicos necesarios y de articular nuevos servicios públicos de atención psicológica infantil para, por un lado, tratar a los afectados y minimizar el impacto de las agresiones, previniendo así la aparición de futuras complicaciones en los casos declarados (depresión, violencia, drogadicción, etc.); y, por otro, reduciendo el coste social que en el futuro podría suponer la existencia de miles de adolescentes afectados (y no tratados psicológicamente) por los efectos derivados de las agresiones sufridas durante niños, como puede estar ocurriendo en estos momentos con los refugiados sirios y con otros niños víctimas de las guerras. Está en nuestras manos como adultos generar los cuidados necesarios para crear una sociedad más sana, equilibrada y pacífica; pues no olvidemos que los niños agredidos pueden ser muy probablemente los agresores de mañana.
