El 25 de abril de 1986 se aprobó la Ley General de Sanidad, la cual materializó el proceso de reforma psiquiátrica que se había puesto en marcha unos años antes. A partir de ese momento, hombres y mujeres encerrados en ‘manicomios’ pasaban a ser ciudadanos con derecho a recibir una atención adecuada.
Pese a este gran avance y 30 años después de que ocurriera, hoy sigue existiendo escasez de recursos y desigualdad entre territorios a nivel de desarrollo y de implantación, por lo que desde SALUD MENTAL ESPAÑA se reclama a la administración pública un mayor compromiso.
El presidente de la Confederación, Nel A. González Zapico explica que esta reforma logró “desmantelar un sistema antiguo que giraba en torno al hospital psiquiátrico, consiguió equiparar a las personas con trastorno mental a otras personas con cualquier tipo de problema de salud y limitó las hospitalizaciones para que se produzcan estrictamente cuando sean necesarias”.
Pero además, esta norma anunciaba la reinserción, la atención integral y la intervención con la persona afectada desde el ámbito comunitario. Todo ello ha quedado a medias, por lo que es necesario aumentar los recursos destinados a la atención y prevención, incrementar el número de profesionales dedicados a la salud mental o formar y sensibilizar a los médicos de Atención Primaria, entre otras necesidades de carácter urgente.
“Es necesario mejorar la atención en situaciones de crisis, garantizar que se produzca una adecuada coordinación socio-sanitaria para mejorar las intervenciones en salud mental y además facilitar y promover la participación de las personas con problemas de salud mental y sus familiares en su propio proceso de recuperación”, añade González Zapico.
Muchas cosas se han hecho y en gran parte gracias a movimientos asociativos como el que engloba la Confederación, pero muchos retos quedan por delante. Por ello, desde SALUD MENTAL ESPAÑA, se hacen una serie de reivindicaciones dirigidas principalmente a la administración pública en busca de un compromiso que mejore la atención de las personas con problemas de salud mental y sus familias.
Desde la Confederación se exige a la administración pública un mayor compromiso para el desarrollo de políticas enfocadas a un mejor y mayor impulso de recursos que aseguren una atención en salud mental de calidad.
Ello debe hacerse con la Estrategia de Salud Mental del Sistema Nacional de Salud como eje vertebrador en la toma de decisiones y siempre en absoluto cumplimiento de la Convención Internacional de Derechos de las Personas con Discapacidad.
Pero para que todo esto tenga sentido “hay que situar a la persona afectada por un problema de salud mental en el centro de cualquier intervención y fomentar su participación en todas aquellas decisiones que afecten directamente a su proceso de recuperación”, apunta el presidente de la Confederación.
