24 viviendas

Resultaba patético ver al líder de la oposición española, Alberto Núñez Feijóo, declarar que los de su partido, el PP, no iban a aprobar de ninguna de las maneras los decretos antidesahucios del Gobierno de España, elaborados a consecuencia de la vergonzosa expulsión de Mari Carmen de la que había sido su casa en los últimos 70 años. Y añadía que, después de ocho años en los que —según él— Sánchez “no ha hecho nada” en materia de vivienda, ahora pedía su turno para poder arreglar el problema. Una forma nueva, aunque poco imaginativa, de volver a pedir elecciones anticipadas.

La Ley 12/2023, de Vivienda, fue aprobada en mayo de 2023 con la oposición del PP y de Vox. El PP argumentó que la ley invadía competencias autonómicas y que podía generar inseguridad jurídica en el mercado del alquiler. También defendió que no resolvía el problema de la oferta de vivienda y que podía desincentivar la construcción de vivienda nueva.

Lo cierto es que la Ley 12/2023 estableció un marco estatal para la declaración de zonas tensionadas, la limitación de precios del alquiler en dichas zonas, la regulación del alquiler de temporada, el refuerzo de la protección frente a desahucios, el establecimiento de recargos en el IBI para viviendas vacías y el impulso del parque público de vivienda. Sin embargo, la ley requería desarrollo y ejecución autonómica y municipal, dado que la competencia en vivienda es compartida y, en gran parte, descentralizada.

La aplicación de los límites al alquiler dependía de que las CCAA declararan zonas tensionadas. La mayoría no lo hizo o lo hizo de forma mínima. Andalucía, Madrid, Galicia y Castilla y León no declararon ninguna zona tensionada. Murcia y Cantabria no desarrollaron los procedimientos. Cataluña sí declaró zonas, pero con recursos judiciales y conflictos competenciales. La consecuencia ha sido que, en la mayor parte del país, no se aplicaron límites al alquiler, dejando la ley sin efecto real.

Varias CCAA alegaron invasión competencial en materia de vivienda y urbanismo. Esto paralizó o ralentizó índices de referencia, procedimientos de control, inspecciones y registros de viviendas vacías. De la misma forma, la ley exigía que las CCAA y Ayuntamientos desarrollaran índices de precios, registros de viviendas vacías, procedimientos de inspección y sistemas de mediación en desahucios. En la mayoría de los territorios no se desarrolló nada de esto.

Los Ayuntamientos, salvo excepciones, no aplicaron recargos del IBI a viviendas vacías, registros de viviendas desocupadas, servicios de mediación ni alternativas habitacionales en desahucios. Muchos consistorios carecen de personal técnico, estructura administrativa y presupuesto para vivienda pública.

Vamos a ver ahora la vivienda social comprometida desde hace ocho años. Desde 2016, CCAA y Ayuntamientos han anunciado decenas de miles de viviendas sociales. La realidad es que la mayoría no se han construido. Muchas promociones no han pasado de la fase de proyecto. Otras han sido reconvertidas en vivienda libre por falta de financiación. Numerosos planes urbanísticos están obsoletos o bloqueados. España mantiene un parque público del 1,6%, frente al 15–30% de países europeos.

Entre las causas del incumplimiento encontramos la falta de ejecución presupuestaria, renuncias de constructoras por incremento de costes, retrasos en licitaciones, cambios de gobierno que paralizan proyectos, ausencia de suelo público urbanizado y tramitación urbanística lenta (planes generales con más de 20 años).

Los decretos aprobados en septiembre de 2026 confirman que la Ley de Vivienda 2023 no se aplicó adecuadamente, obligando al Gobierno a introducir medidas de urgencia. Entre ellas, la suspensión de desahucios para colectivos vulnerables hasta 2030, la prohibición —en determinados supuestos— de compras masivas de vivienda por fondos buitre hasta 2028, la imposición de un impuesto del 10% a pisos turísticos, la prórroga automática de alquileres en zonas tensionadas y el refuerzo del control del alquiler de temporada. También se impulsa la vivienda pública con créditos al 0% para primera vivienda, rebaja del IVA al 4% para construcción de vivienda asequible y recargos más altos en el IBI para viviendas vacías. Estas medidas evidencian que la Ley 2023 no generó los efectos esperados por falta de aplicación territorial.

En medio de toda esta polémica, el presidente gallego Alfonso Rueda saca pecho diciendo que ha entregado 24 viviendas en Santiago (Lamas de Abade). En general, las CCAA gobernadas por el PP (Madrid, Andalucía, Galicia, Castilla y León, Cantabria, La Rioja, Murcia, Comunidad Valenciana) presentan los niveles más bajos de construcción pública. De estas destaca Madrid, al ser la comunidad que menos vivienda pública ha construido en España en los últimos 20 años, habiendo vendido a fondos buitre 4.800 viviendas.

Las CCAA gobernadas por PSOE o coaliciones progresistas presentan mayor ejecución, aunque también insuficiente. País Vasco es la única comunidad con un parque público cercano a estándares europeos.Quizás con estos datos, que cualquiera puede obtener de forma sencilla, podemos hacernos una composición clara de por qué la vivienda en España sigue sin ser un derecho, como declara el artículo 47 de la Constitución Española.

La votación del Congreso el pasado viernes, en la que la irresponsabilidad e insensibilidad de PP, Vox y Junts han dejado caer los decretos de emergencia que se habían preparado para evitar más desahucios como el de Mari Carmen, demuestra a las claras quién está a favor de la gente y quién a favor de los especuladores.