Casi doscientas vulneraciones de la ley, esa es la cifra que el llamado “proceso separatista catalán” deja como herencia histórica en tan solo un año; corrupciones aparte. Setenta y seis violaciones documentadas del Código Penal, 21 afrentas a la Constitución, 10 contra el propio Estatuto de Cataluña, delitos contra la propiedad, delitos de prevaricación, ultrajes a España, a sus símbolos y a sus leyes, delitos de injurias, amenazas, incumplimiento de resoluciones judiciales, y contra la libertad de reunión; son un epígrafe de las bases sobre las que pretenden construir un nuevo país.
En nombre del ilegítimo, caprichoso y espurio proceso que espolea la sedición, se violan constantemente las normas que garantizan la convivencia, los derechos y las libertades; vulneraciones que no son estocásticas, sino que obedecen a una planificación, no sólo en contenidos y objetivos, sino también por los momentos en los que deben ser ejecutadas, como lo atestiguan el descenso en agosto y los repuntes en fechas destacadas como la Fiesta Nacional.
Copropietarios, junto con la izquierda, de esa hiperlegitimidad que se arrogan, intentan hacernos creer en una imagen pacífica, tolerante, democrática y victimista, cuando la realidad es precisamente lo contrario: la exclusión social para aquellos que tímidamente se atreven a revelar su contrariedad al discurso nacionalista, llegando a tal punto que son legitimadas por omisión las agresiones físicas y verbales a cualquier ciudadano que porte algún distintivo de españolidad.
Bajo el pretexto del victimismo se limitan derechos tan básicos como el de expresión de la opinión, o la educación en lengua materna y oficial del país, España; imposibilitando con esto cualquier vínculo conductor de la igualdad de condiciones, y nexo, con el resto del Estado español. Todo esto acompañado de un adoctrinamiento con intereses ocultos, al que la sociedad catalana es sometida durante toda su vida, capitaneado por el “España nos roba”, para distraer la atención mientras suben con los coches repletos del fruto de sus pillajes a la vecina Andorra.
El delito en el mismo seno de las instituciones públicas ha pasado a ser la vida cotidiana en Cataluña, no ya por el alto grado de corrupción de los cargos que las dirigen, o la putrefacción de las mismas, como atestiguan los juzgados, sino por la utilización de burdo y tosco plan encaminado a liberarse de la supervisión nacional, para acceder a un poder sin límites que les permita afanar y distraer dinero público en cantidades hasta la fecha desconocidas, y eso que tienen el listón muy alto con el clan Pujol, según indica el fiscal.
Esto está ocurriendo en un vociferado Estado de Derecho en el que las sentencias judiciales siempre son discutidas y la independencia del poder judicial se sigue debatiendo y decidiendo en foros políticos y no profesionales. Da mucho que pensar.