Lo sucedido recientemente en la promoción de viviendas llamada “Huerta Téllez”, nos lleva directamente a reflexionar sobre un concepto que, aun formando parte del debate político habitual (manoseado hasta la saciedad), cuyo auténtico significado nadie tiene muy claro: “responsabilidades políticas”. ¿Cuándo se determinan? ¿A quién se le asignan? ¿Cómo se saldan? ¿Existen? Intentaremos responder a estas preguntas analizando los hechos relacionados con esta malhadada iniciativa.
La situación actual, en resumen, es la siguiente: existe un colectivo de familias jóvenes (aproximadamente un centenar) que han sido víctimas de una “estafa”, tutelada institucionalmente, en la que, de momento, han perdido los ahorros de toda su vida, además de verse condenados a buscar alternativa habitacionales (caros alquileres o viviendas de familiares) durante más de ocho años. Doscientas viviendas prácticamente terminadas (sólo queda en torno a un tres por ciento de ejecución de la obra), atrapadas en una maraña judicial de la que parece imposible salir. Así llevamos cinco años. Doscientas viviendas cerradas en una Ciudad con enormes carencias en esta materia. Y ahora, para colmo, una ocupación masiva, devenida en un conflicto de orden público, que es obligado resolver cuanto antes mediante el correspondiente desalojo en protección del derecho a la propiedad.
La respuesta del Gobierno de la Ciudad ha sido lo que podríamos llamar una “elegante” inhibición. Según su escurridiza interpretación de los hechos, estamos ante un litigio entre particulares, ajeno a la competencia de la Ciudad. Una vez despejada cualquier sombra de responsabilidad, se han apresurado a mostrar su (falsa) empatía y ofrecer sus (inútiles) servicios a los afectados. Por eso es conveniente hacer un relato ordenado en el tiempo de cuanto ha sucedido con este asunto.
Los terrenos de Huerta Téllez (embargados a la Unión África Ceutí) fueron adquiridos por EMVICESA para desarrollar promociones de vivienda pública protegida (previstas en el PGOU). Sin embargo, el Gobierno de la Ciudad, decidió que fuera una empresa privada la que ejecutara y gestionara esta promoción. Optaron por la gestión privada frente a la pública (aún sabiendo que en las empresas privadas siempre prevalece la obtención de su propio beneficio en lugar del interés general, como el tiempo ha demostrado). Subastaron los terrenos con la obligación de construir las viviendas a precio tasado y siguiendo un proceso de adjudicación controlado por EMVICESA. El concurso estuvo envuelto en una fuerte polémica. El Gobierno decidió adjudicar el concurso a una empresa de Sevilla, vinculada a cargos muy relevantes del Gobierno de la Ciudad y del PP, a pesar de que su oferta no era, ni mucho menos, la mejor (competía con la cooperativa Vitra de CCOO que presentó un proyecto de la arquitecta que la propia EMVICESA habría premiado). Sobre esta cuestión, si es preciso, nos podremos extender en otra ocasión. Se recurrió con argumentos más que sólidos, pero sin éxito. La suerte (o mejor dicho, el amaño), “estaba echado”. Todos estos extremos, incluida la sospecha de manipulación del concurso, fueron puestos en conocimiento del Gobierno. De nada sirvió. La empresa, ahora quebrada, comenzó a gestionar la promoción y en sus documentos figuraba el anagrama de EMVICESA, a pesar que el órgano de la administración se inhibió por completo de todo cuanto sucedía, porque así lo decidieron los responsables políticos. Cuando la empresa promotora comenzó a dar síntomas de una posible quiebra, se planteó la necesidad de proceder a rescindir el contrato (en vigor hasta la entrega de las viviendas) y rescatar la promoción para culminar las obras y perfeccionar el proceso de adjudicación y ocupar las viviendas. El Gobierno decidió inhibirse ante la “complejidad” de esta iniciativa. Así hemos llegado hasta el momento actual. Ahora el Gobierno dice que “no puede hacer nada”. Y, probablemente lleva razón. Ahora. Pero el hecho incuestionable es que el “ahora” es el resultado final de una concatenación de decisiones que ellos mismos han ido adoptando (incluso en contra de todo el mundo).
Es cierto que ha pasado mucho tiempo. Es cierto que estuvieron implicadas personas que ya no están en la vida política. Pero, ¿esto exime al Gobierno y al PP de toda responsabilidad? ¿Existe realmente el concepto de “responsabilidades políticas”? ¿O es sólo una añagaza (una más) para manipular a la opinión pública? Quizá la ciudadanía debería concienciarse de que en democracia hay determinadas cosas que no se pueden delegar. Las responsabilidades políticas se exigen por los ciudadanos en las urnas. De lo contrario se seguirán convalidando, desde la impunidad electoral, todo tipo de actuaciones perversas, corruptas y lesivas para el conjunto de la sociedad.
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