El alcalde de mi pueblo, hoy ascendido a Diputado provincial pese a su juventud (poco más de 40 años), ya lleva de alcalde tres legislaturas. En la primera, también le dieron un cargo importante en la Diputación, gobernada entonces por el Partido Popular. Cuando entraron a gobernar los socialistas lo cesaron, aunque permaneció cobrando sus emolumentos tres meses más. Era como una especie de cesantía que, al parecer, tenían pactada para todos los cesantes, fuesen del partido que fuesen. Lo que nadie sabía, al parecer él tampoco, era que esos tres meses los estuvo compatibilizando con su sueldo de alcalde. Lógicamente fue descubierto. Él alegó que no se había dado cuenta.
El caso tuvo bastante repercusión mediática, pero no llegó a los Tribunales. Devolvió uno de los dos sueldos incompatibles. Lógicamente el de alcalde, que era de menor cuantía. Sin embargo, aún tuvo el desparpajo suficiente como para decir que eran estos emolumentos los que devolvía, para así beneficiar al Ayuntamiento de su pueblo. Esto entusiasmó a sus fans de tal manera, que ha seguido revalidando las mayorías absolutas en un municipio que, en su día, fue ejemplo de movilizaciones sociales. El por qué no es fácil de entender, ni de explicar. Lo que sí sabemos es que algunas de estas personas le decían, en el acto de desagravio que convocó su partido en el pueblo, que no se preocupara, que más habían robado los otros.
Esta semana hemos quedado muchas personas sorprendidas, y apesadumbradas, con la noticia de la detención de una trama de personajes que se habían dedicado a enriquecerse con la compra de mascarillas y otros materiales durante lo peor de la pandemia. Entre ellos figura Koldo García, que en su día fue asesor del ministro Ábalos. El que no estuviese afiliado al partido, no exime de responsabilidad al que lo nombró, si, finalmente resultan probados los hechos, se le condenara y se descubriera que el ministro conocía el asunto. De momento, el ex ministro dice que no sabía nada de esto y que los contratos que se tramitaron bajo su mandato pasaron todos los controles legales. Yo le creo. Aunque la reacción del portavoz del Partido Socialista, Patxi López, ha sido intachable, pidiendo que la investigación llegue hasta el final, y afirmando que “El PSOE tiene que ser más contundente con la corrupción con el caso Koldo que con el caso del hermano de Ayuso”, las primeras reacciones de algunos miembros del mismo, que intentaron desviar la atención sobre lo del hermano de Ayuso, no fueron más que una torpe versión del ¡y tu más!, fruto de la improvisación y el nerviosismo, más que de una reflexión tranquila y sosegada.
Ya sabemos que con el caso de las mascarillas están imputados judicialmente algunos ciudadanos por compras realizadas en el Ayuntamiento de Madrid, y que también se investigó al hermando de la presidenta Ayuso, aunque la fiscalía anticorrupción consideró que no había indicios suficientes en aquel caso, con el sorprendente argumento de que en otras cinco licitaciones en las que participaron los acusados, no habían obtenido la adjudicación del contrato, lo que probaría que no hubo trato de favor. También que hay políticos de distintos partidos en la cárcel por casos de corrupción y que el primer partido condenado por corrupción, como tal, ha sido el Partido Popular. Pero esto no es justificación alguna para consentir casos de corrupción en la política, ni tampoco para acusar de corruptos a todos los miembros de una formación política, porque algunos de sus miembros hayan tenido comportamientos poco ejemplares.
Se atribuye al filósofo alemán Nietzsche aquello de que los corruptos en general son los que acusan a otros de lo mismo que son ellos. En toda sociedad existe la corrupción, es algo inherente al ser humano, pues tiene tendencia acumular poder, que le viene de los resabios del instinto de dominio. Especialmente en aquellas personas que tienen alguna cuota de poder. En una sociedad organizada, con instituciones independientes y fuertes, que se controlen mutuamente, la posibilidad de que la corrupción llegue a todos los ámbitos es poca, nos decía el filósofo.
¿Justifica esto la corrupción? En absoluto. Como tampoco la justifica aquello de que todos tenemos un precio. Aunque esto fuera verdad, y nuestro país fuese un país de pillos, como se dice, a los que gobiernan, en cualquiera de las instancias institucionales, se les debe exigir un plus de responsabilidad, precisamente porque administran lo que es de toda la ciudadanía. Las consecuencias de no exigir un comportamiento ejemplar a la clase política se notan en que cada vez hay menos apego a esta clase política y la ciudadanía desconfía más de la misma.
Yo soy de los que cree en la función reparadora, pero también rehabilitadora, del Derecho Penal, en línea con los penalistas de la Ilustración. Por esto considero que la venganza no es buena compañera ni consejera. Sin embargo, más allá del estricto ámbito de las consecuencias de los delitos para las personas en la sociedad, y de la función del perdón, también considero que en el ámbito de la representación política, las consecuencias han de ir más allá.
Se trata de una cuestión de supervivencia de la propia Democracia y de la vida en sociedad. En política, al contrario que en nuestra vida privada, no debe de haber segundas oportunidades. Todo ello, salvo que se demuestre que no hay implicación en el acto presuntamente delictivo.