No quiere problemas el Gobierno en materia de casas tras el ‘caso Emvicesa’
El problemas de las viviendas públicas de Serrano Orive no se va a solucionar antes de las elecciones autonómicas del año que viene. En todo lo relacionado con las VPO, desde el Ejecutivo de Vivas se tiene muy claro que no se hará ningún movimiento, después de que les explotara en la cara el conocido como ‘caso Emvicesa’. En realidad, se estaba a la espera de un informe de la Secretaría General de la Ciudad Autónoma para establecer el cauce que se iba a tomar y si se iba mantener la idea del alquiler o la venta a quienes permanecen en el interior de las casas desde su adjudicación. Por supuesto, lo que sí se tenía muy claro era que quien no cumpliera con las condiciones establecidas no tendría más remedio que abandonar estas casas que se construyeron para jóvenes. Sin embargo, como se conoce que hay problemas en algunas de estas viviendas no se quieren más escándalos relacionados con la construcción pública. En noviembre del año pasado, cuando se cumplían casi tres años después del vencimiento de los contratos originales de arrendamiento de un lustro de duración que firmaron los adjudicatarios en 2010, el futuro de la promoción de 45 viviendas de protección oficial (VPO) de Serrano Orive seguía a expensas de que el Gobierno de la Ciudad y los grupos de la oposición formalizaran un acuerdo definitivo al respecto, según indicaron fuentes del Ejecutivo local. Incluso se llegó a preparar un estudio para proceder a la venta de las mismas Se indicó que se estaba trabajando con la oposición para llegar a la mejor solución posible tanto para la Administración como para los inquilinos y la intención era llegar a un acuerdo entre todos y plasmarlo en un Consejo de Administración de Emvicesa. El Ejecutivo de Vivas intentó por última vez, a comienzos de 2017, meterle mano al asunto con la idea de promover una modificación del Acuerdo Plenario adoptado el 21 de febrero de 2005 y dejar sin efecto el requisito establecido de destinar las casas obligatoriamente a “jóvenes menores de 35 años”. De esta forma se buscaba “no limitar el acceso de los actuales arrendatarios a la compraventa” siempre que cumpliesen los requisitos previstos en la Resolución del 10 de octubre de 2013 de cambio de régimen de cesión”. Ese año, la Viceconsejería de Vivienda y Rehabilitación acordó cambiar la calificación de esa promoción de régimen de alquiler a compraventa. En 2014, Emvicesa inició actuaciones para la enajenación (finalmente no consumada) de las viviendas, procediendo a la división horizontal de las fincas y comunicando a los arrendatarios el cambio de régimen de ‘sus’ casas, así como la “voluntad” de la empresa pública de no renovar los contratos una vez cumplido el plazo de cinco años de duración rubricado inicialmente.
Las claves
Conflicto | Mejor esperar para no levantar conflicto
La idea que ahora mismo maneja el Gobierno en estos momentos es que no quiere ningún problema más con el parque de viviendas, después de lo sucedido con el tema del ‘caso Emvicesa’
Negociación | Se intentó un acuerdo con los partidos de la oposición
Por parte del equipo de Gobierno se intentó, en los últimos meses del año pasado, un acuerdo con los grupos de la oposición para encontrar una salida pactada al tema de las viviendas de Serrano Orive, pero no se pudo alcanzar.
Muchos intentos | Un proyecto incluso para venderlas
Las VPO de Serrano Orive nacieron para dar una salida a los jóvenes menores de treinta y cinco años con unas viviendas en régimen de alquiler. Lo que sucede es que allí algunos viven ya y tienen por encima de esa edad, o se han cambiado de casa y las han alquilado.Se preparó por parte de la Empresa Municipal de la Vivienda en su momento un proyecto para enajenar el citado patrimonio, pero nunca llegó a buen fin, a pesar de las expectativas.