Política

Vox quiere ‘seleccionar’ a los inmigrantes que se quedan en España

Llegará un momento en el que los partidos elijan el tipo de personas que quieren que se quedan en un país. Los querrán rubios/as y de ojos azules. Tiempo al tiempo. De momento Vox pide abiertamente que la inmigración “debe afrontarse atendiendo las necesidades de la economía española” y pide establecer “cuotas de origen, privilegiando las nacionalidades que comparten idioma e importantes lazos de amistad y de cultura con España”. Una selección en toda regla.

Dice además que hay que “deportar” a los “inmigrantes ilegales a sus países de origen, así como a los que estén en forma legal en territorio español pero que hayan reincidido en la comisión de delitos leves o hayan cometido algún delito grave”. Es decir, un partido político quiere ejercer ya de juez. De hecho en su programa, Vox defiende la “revisión de los tipos penales y el endurecimiento de sus penas para combatir a las mafias de la inmigración ilegal, así como para que los que colaboren con ellos, ya sean ONG, empresas o particulares”, exponen.

Hay más. Para Vox, cualquier inmigrante que haya entrado ilegalmente en España tiene que estar “incapacitado de por vida a legalizar su situación” y por lo tanto a “recibir ayudas de la administración”. No justifica el porqué, más allá de su insistente campaña de vincular la inmigración con la delincuencia, con generalizaciones que no se sostienen en verdades estadísticas pero que buscan generar un impacto en la sociedad.

“Vox apuesta por ayudar a los países en desarrollo, víctimas también de las mafias de tráfico de personas y que debilitan sus naciones extrayendo sus recursos humanos y económicos para ofrecerlos luego como esclavos en Europa, condicionando la ayuda al desarrollo de los países a que acepten la repatriación de inmigrantes ilegales y delincuentes”, denuncia, volviendo a meter en el mismo saco ambos términos. La postura de Vox con la inmigración, reflejada en un vídeo que muchos medios se han negado a difundir, es clara y ha sido ya contrariada por varias entidades sociales.

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