Vox ha emplazado al Partido Popular a respaldar en el Congreso el debate sobre una posible acusación de delito de traición o contra la seguridad del Estado contra el Gobierno de Pedro Sánchez por la entrada masiva de inmigrantes registrada en Ceuta a finales de julio.
La formación también reclama a los populares que rechacen los planes para distribuir por la Península a los menores inmigrantes que permanecen actualmente en la ciudad autónoma.
Según recoge Europa Press, Vox considera que aquella entrada masiva, que califica de “invasión” y “acto de guerra” perpetrado por Marruecos, estuvo precedida de información que, a su juicio, permitía anticipar lo que iba a suceder.
La formación asegura que “había mucha información” en los días anteriores y sostiene que incluso el Centro Nacional de Inteligencia trasladó un aviso, pese a lo cual, según su versión, “no se hizo nada al respecto”.
La formación de Santiago Abascal considera que estos hechos podrían justificar una acusación por delito de traición o contra la seguridad del Estado. Para ello, recuerda que existe un procedimiento específico recogido en el artículo 102.2 de la Constitución.
Vox no puede iniciar por sí solo este mecanismo, ya que necesita la firma de una cuarta parte de los diputados del Congreso, 88 parlamentarios, además de la aprobación por mayoría absoluta en una votación secreta mediante papeleta en urna.
Por este motivo, la formación reclama la participación del PP para poder registrar la petición y llevar el asunto al Pleno del Congreso. Vox reconoce que actualmente no existen contactos entre ambas formaciones ni que estén previstos, aunque asegura que continuará realizando llamamientos públicos a los populares.
“La oferta está lanzada”, proclama Vox, que considera que con el paso de los días podrían conocerse nuevos hechos que, a su juicio, respaldarían su acusación. La formación sostiene además que quienes decidan no sumarse deberán responder políticamente ante sus electores.
En este contexto, Vox cita los artículos 589 y 592 del Código Penal como parte de los argumentos jurídicos que está estudiando. La formación plantea que la eventual acusación podría dirigirse contra el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, contra los ministros con competencias en Interior, Defensa y Exteriores, o incluso contra el conjunto del Consejo de Ministros, al considerar que la responsabilidad podría ser colegiada.
La iniciativa no supondría, según Vox, abandonar las demás actuaciones judiciales que ya mantiene abiertas. La formación recuerda que está actuando tanto ante el Juzgado de Ceuta como ante la Audiencia Nacional, procedimientos que, según sostiene, podrían derivar en investigaciones relacionadas con una posible omisión del deber de socorro o con responsabilidades penales por las muertes de personas que intentaron alcanzar territorio español sin conseguirlo.
La segunda cuestión en la que Vox centra su petición al PP es la situación de los menores inmigrantes que permanecen en Ceuta. La formación insiste en que su destino debe ser la repatriación junto a sus familias, por lo que rechaza que sean trasladados a otras comunidades autónomas.
Vox sostiene que mover a estos menores a la Península podría dificultar todavía más su eventual devolución y reclama que permanezcan en Ceuta mientras se tramitan los procedimientos correspondientes.
“Hay que poner todos los medios para devolverlos”, insiste la formación en su mensaje dirigido al PP, que gobierna varias comunidades autónomas, algunas de ellas mediante acuerdos de coalición con Vox.
La propuesta de la formación pasa por la apertura de expedientes individualizados para cada menor, así como por recurrir aquellas decisiones que no conduzcan a su devolución a Marruecos. Vox reclama, además, que no se produzca ningún traslado de menores hasta que hayan sido tramitados todos los casos, defendiendo que estas actuaciones deben desarrollarse dentro de la legislación vigente.
De este modo, Vox plantea al PP dos líneas de actuación vinculadas a la crisis de Ceuta: por un lado, abrir en el Congreso el debate sobre las posibles responsabilidades del Gobierno por la entrada masiva y, por otro, frenar el reparto territorial de los menores y apostar por su devolución mediante procedimientos individualizados.
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