La diputada nacional de Vox por Ceuta, Teresa López, ha registrado una Proposición No de Ley para la protección de los menores “de la radicalización islamista”, concreta en una nota de prensa. Dice López que con esta iniciativa se “busca avanzar en la respuesta que el Estado debe dar al fundamentalismo islámico y, en concreto, en la prevención de la radicalización de los jóvenes, especialmente desde las instituciones vinculadas a la protección de menores”. De igual manera reclama que se ponga fin a subvenciones que puedan recibir entidades “relacionadas con la radicalización”.
Esta PNL irá a debate a la Comisión de Derechos de la Infancia y Adolescencia, de la que López es portavoz. En ella, la diputada nacional de Vox destaca que “el islamismo radical o fundamentalismo islámico representa un problema de primer orden para Europa en general y, en especial, para España”. Y apunta a cómo estas corrientes “se nutren, en buena medida, del desarraigo social y de la crisis de identidad que sufren los jóvenes para su captación y radicalización”.
“Lo hacen especialmente a través de las tecnologías de la información y la comunicación”, recuerda López para añadir que internet “juega un rol esencial al contribuir a dar un sentimiento de pertenencia a la ummah -comunidad- virtual”. También expone cómo otra forma de radicalización surge en las cárceles, “donde ingresan tras cometer determinados delitos y allí son captados por radicales que les ofrecen protección mediante la sensación de pertenencia a un grupo”.
Esta PNL plantea cuatro medidas para frenar esta radicalización y proteger a los menores. La primera, poner en marcha planes integrales de prevención, vigilancia y actuación específicos contra la radicalización fundamentalista en la infancia y la adolescencia.
En segundo lugar, Vox reclama el fomento de la colaboración entre la administración, la sociedad civil y los ciudadanos para luchar contra la misma, especialmente, en la infancia y la adolescencia. También la promoción de actuaciones y protocolos en los centros de protección de menores y en los centros de internamiento de menores infractores que sean eficaces en el control y la lucha.
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