"Casi 400.000 euros ha invertido la Ciudad Autónoma en atender a inmigrantes y transfronterizos
acogidos en el pabellón La Libertad durante el Estado de Alarma". Así lo explicaba el propio Gobierno a preguntas de VOX Ceuta en el último Pleno de Control celebrado en la Asamblea. Según el Ejecutivo, de media se ha atendido diariamente a 162 personas, durante 80 días, con un coste por persona y día de 30,88 euros, explica la formación de Abascal en nota de prensa. "En total, 398.520 euros que han salido de las arcas municipales" y por lo que la
diputada nacional de
VOX por Ceuta, Teresa López, ha preguntado al Ejecutivo de la Nación. La parlamentaria ceutí interpela al Gobierno de Pedro Sánchez para que diga si resarcirá esos gastos que ha asumido la Ciudad Autónoma a pesar de que las competencias de Inmigración son exclusivamente del Estado. López reitera esta cuestión después de que el Ejecutivo haya eludido responderle, en varias ocasiones, a las preguntas elevadas durante los últimos meses sobre la situación de la Libertad y sobre qué administración debía asumir este gasto. Al gasto anterior se une la previsión de los 12,5 millones de euros que el Gobierno local prevé invertir en la atención a los Menores Extranjeros No Acompañados durante este 2020. El año pasado, la Ciudad Autónoma atendió a 977 menores y el coste medio al mes por cada menor es de 850 euros. Ante esta situación, López ha dirigido una batería de preguntas al Ejecutivo central para que diga si cree lógico que Ceuta soporte ese gasto en atención a los menores extranjeros. “¿Va el Gobierno en algún momento a cumplir con el Acuerdo de Rabat de 2007 por el que se establece favorecer el retorno asistido de los menores al seno de sus familias?”, cuestiona la diputada nacional de VOX. Además, pregunta si tiene previsto el Ejecutivo mantener con Marruecos algún encuentro en fechas próximas para abordar esta problemática teniendo en cuenta que el Acuerdo entre España y Marruecos sobre cooperación en materia de prevención de la emigración ilegal hecho en Rabat establece que se mantendrán reuniones de seguimiento cada seis meses.