Poco ha tardado Vox en reivindicar la autoría intelectual de la apuesta por la municipalización que pretende dar el Gobierno de Ceuta para zanjar de una vez por todas la crisis de los autobuses. Obviando que es una propuesta que durante años fue defendida por Caballas y que en 2019 los de Abascal se opusieron a esta medida, ahora pretenden recoger frutos diciendo que “el tiempo, nuevamente” les “ha dado la razón”.
En una nota de prensa, Vox cuestiona cuáles son “las verdaderas intenciones” de un Ejecutivo “que hace tan sólo tres meses votó en contra de municipalizar este servicio”.
“Hasta en tres ocasiones, incluyendo el debate de modificación del presupuesto, Vox ha llevado a pleno este último año propuestas para municipalizar el servicio de autobuses. Y en todas ellas se han encontrado con la negativa en bloque de los partidos de la Asamblea, empezando por el Partido Popular”, dicen, sin citar cuando hace solo tres años ellos mismos se oponían a la medida.
“La inviabilidad del servicio de la que Vox venía alertando ha estallado a las puertas de las Fiestas Patronales y la Ciudad Autónoma ha tenido que mover ficha. Y su postura no ha sido otra que la que venía reclamando Vox”, denuncian. Por ello, la formación lamenta que “se ha llegado tarde y mal” ya que “se han perdido varios meses para haber iniciado los trámites de la municipalización y evitar que los trabajadores hayan padecido las consecuencias de la precaria situación del servicio”.
“El consejero de Medio Ambiente, Yamal Dris, en noviembre de 2021 llegó a decir que no había por donde coger la propuesta y confundía que exista un contrato con la compañía, con la municipalización del servicio, asegurando que ya estaba municipalizado. En línea con sus intervenciones, Dris tiraba de chascarrillos para decir a Vox quería vender una película y que no sabían nada”, añade.
“No creemos en las intenciones de un gobierno que ha engañado, una y otra vez, a los trabajadores de la empresa Hadú-Almadraba”, insiste Juan Sergio Redondo que advierte que serán “perseverantes en la fiscalización del proceso de municipalización, exigiendo el impulso y la transparencia durante el mismo con los ciudadanos y los trabajadores”.
“No vamos a tolerar más mentiras, ni a trabajadores de la empresa ni a los ciudadanos”, asegura Redondo.
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