La construcción de 90 nuevas
viviendas protegidas, 104 plazas de aparcamiento y nueve locales comerciales en Loma Colmenar tardará tiempo, previsiblemente mucho, en ser una realidad en Ceuta. Tres años después de la adjudicación de las obras por 10,4 millones de euros, el expediente resolutorio del contrato está ahora en manos del Consejo de Estado y el Gobierno central ha asumido que
deberá proceder a una nueva licitación. La historia se remonta al 21 de diciembre de 2018. Entonces el
Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana (Mitma), la Ciudad y la Entidad Pública Empresarial de Suelo, Sepes, suscribieron un convenio al que el Estado se comprometió a aportar 14,2 millones de euros.
El contrato para la redacción del proyecto de ejecución de las 90 viviendas fue suscrito en fecha 22 de octubre de 2019 tras declararse desierto el primer concurso.
A finales de mayo de 2021 el Mitma se congratuló de haber adjudicado a través de Sepes las obras de ejecución de 90 viviendas y locales a la UTE Orthem-Áridos y Transportes del Estrecho con un plazo de ejecución de 22 meses.
Tras el correspondiente procedimiento de contratación llevado a cabo por Sepes,
el contrato de obras fue suscrito con la empresa adjudicataria el 20 de septiembre de 2021.
Problemas con las obras
Entonces surgieron los problemas que se han dado también en otras obras: el incremento de los costes hacía inasumible, según la UTE, ejecutar el encargo. Tras varios intentos fallidos de acuerdo, en abril de 2022 la empresa adjudicataria solicitó formalmente a la Administración General del Estado la resolución del contrato.
“Aunque las obras se adjudicaron, no llegaron a iniciarse por causas imputables a la empresa adjudicataria, lo que ha llevado a la necesidad de iniciar un expediente resolutorio del contrato, que se encuentra en curso, remitido al Consejo de Estado para su preceptivo informe”, ha explicado el Ejecutivo de Pedro Sánchez a los senadores Abdelhakim Abdeselam y Cristina Díaz.
Ahora, “tras la resolución del mismo se procederá a una nueva licitación de las obras”, que no es verosímil pensar en ver terminadas antes de tres años como pronto.
El proyecto de ejecución define la construcción de cuatro edificios destinados a viviendas, aparcamientos, trasteros y locales comerciales.
Cada edificio se desarrolla en una misma tipología, que consiste en dos bloques lineales dispuestos en paralelo con cuatro viviendas por planta, unidos por un núcleo central de comunicación.
Las 90 viviendas se desglosan en 41 viviendas de tres dormitorios, dos de ellas adaptadas para uso por personas con movilidad reducida, y 49 de dos dormitorios. Todas las viviendas contarán con dos baños y el equipamiento de cocinas incluye campana extractora, placa vitrocerámica y fregadero con grifo.
MDyC: “Es un despropósito que las 90 viviendas de Loma Colmenar sigan siendo un solar”
El Movimiento por la Dignidad y la Ciudadanía (MDyC) considera un “despropósito” que el Ejecutivo local y el Gobierno de la Nación “vendan como un éxito” el anuncio de la construcción de 29 viviendas de alquiler social en Ceuta mientras que las 90 viviendas de Loma Colmenar “siguen siendo un solar”. Los localistas ven como un “fracaso” que, tres años después de la adjudicación de las obras del proyecto anunciado en 2018, el expediente resolutorio del contrato tenga que volver a ser licitado. “No tiene sentido que las obras no salgan adelante aludiendo al incremento de los costes de los materiales y que luego anuncien otro reparto económico para nuevas viviendas”, añaden. La formación asegura que el panorama en la barriada de Loma Colmenar, donde se encuentra situado el solar previsto para dicha construcción, “es desolador”. “No hay más que ir allí y ver en pie el panel con el anuncio del Plan de Viviendas para el Alquiler Asequible desde 2018 para comprobar el futuro que le espera a esta nueva promoción”, reprochan. Desde el MDyC esperan que, tanto el Ejecutivo local como el Gobierno de la Nación, desbloqueen con urgencia todos los trámites para la construcción de las 90 viviendas de Loma Colmenar para que las 29 viviendas de alquiler social anunciadas “no corran la misma suerte”. “El acceso a una vivienda digna no puede depender de la voluntad para resolver unos trámites burocráticos tan estancados”, finalizan.