El martes será la reunión entre el presidente de la Ciudad Autónoma, Juan Vivas y el secretario de Estado de Hacienda, Miguel Ferré, tal y como ya adelantó este medio a finales del pasado mes de febrero. La misma es la confirmación del encuentro que ya tuvieron hace dos meses y cumple con el período que ambas administraciones se dieron. Hay que recordar que el presidente Vivas se entrevistó con el secretario de Estado el pasado día dieciséis de enero y ambas administraciones se dieron de plazo dos meses para que por parte del Gobierno central se encajara de manera definitiva el tema del ‘ciclo mercantil completo’.
El mismo Vivas dijo cuando salió del anterior encuentro que en ese tiempo se buscaría la fórmula para conseguir “dotar de seguridad jurídica” tanto a la deducción del IRPF y como a la bonificación del Impuesto de Sociedades con el fin de que este año pueda aprobarse esta medida. Para proporcionar eficacia y seguridad jurídica a estos incentivos fiscales es necesario definir el ciclo mercantil completo, es decir, hace falta determinar con exactitud cuándo una empresa que opera en Ceuta puede beneficiarse de esta menor imposición.
Se trata, por tanto, de despejar cualquier duda de interpretación, para lo que se utilizará la norma legal que se considere conveniente, incorporándose así al cuerpo normativo de la regulación tributaria española.
Este paso no solo es importante para las empresas radicadas en la ciudad, sino que puede “abrir la puerta a nuevos yacimientos de actividad que puedan localizarse en Ceuta, ya sea por la vía de la globalización o de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación”, tal y como explicó Vivas al término de su reunión con Ferre. Para avanzar en este camino se revisarán los trabajos que en este sentido se han realizado tanto en Ceuta como en Melilla.
El secretario de Estado respaldó la revisión de estas ventajas fiscales para cumplir con “una serie de principios” que comparten ambas administraciones a la hora de propiciar la atracción de la inversión y la creación de empleo a través de la seguridad jurídica, y que pasan también por evitar el fraude. Es decir, se trata de que la deducción del IRPF y la bonificación del Impuesto de Sociedades sea un recurso para potenciar la actividad económica y no para evadir la diferencia impositiva existente.
