El Gobierno de Ceuta ha explicado este miércoles a primera hora de la tarde en un comunicado las razones que le han llevado a rechazar la oferta del PSOE de Juan Gutiérrez para incorporarse al Ejecutivo local, la opción en la que ambos partidos estaban trabajando en agosto hasta que la Ejecutiva Federal socialista vetó cualquier acuerdo de esa naturaleza con el PP.
Vivas sigue en la misma convicción a la que llegó entonces: prefiere “abordar la legislatura con un Gobierno en solitario del Partido Popular y, al mismo tiempo, contar con el resto de grupos de la Asamblea para sacar adelante aquellos asuntos que sean competencia de esta, como es el caso de los Presupuestos de la Ciudad, siempre desde una actitud de diálogo constructivo y voluntad de acuerdo”.
“En cualquier caso, el presidente Vivas también le ha manifestado al señor Gutiérrez que comparte, y a la vez agradece”, ha indicado el Ejecutivo local, “su disposición a poner los intereses de Ceuta por encima de cualquier otro, algo fundamental para la estabilidad, prosperidad y cohesión social de nuestra ciudad”.
Según ha precisado el Gobierno de Vivas, Gutiérrez volvió a poner sobre la mesa la conveniencia de cerrar una coalición el viernes de la semana pasada, a las puertas del nombramiento de Cristina Pérez como nueva delegada del Ejecutivo de Pedro Sánchez en Ceuta, con el consiguiente movimiento de piezas en la Mesa Rectora de la Asamblea, a una de cuyas Vicepresidencias los socialistas postulan al nuevo diputado Melchor León.
El secretario general del PSOE tiene en el plano personal una decisión pendiente si se municipaliza el servicio de limpieza pública viaria de la ciudad, como aboga por hacer el PP: renunciar a su acta como diputado o a su puesto como encargado general.
En el primer caso debería orillar su carrera política y en el segundo, renunciar a más de la mitad de sus actuales remuneraciones globales en concepto de sueldo y dietas. Para hacer compatible la Asamblea con el mantenimiento de sus ingresos cabrían, entre otras, dos salidas: acceder a la Mesa del Pleno (con 79.900 euros de sueldo bruto anual a partir del 1 de enero) o entrar en el Ejecutivo.
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