El conflicto de los casi 40 niños en edad de escolarización obligatoria a los que el Ministerio de Educación se niega a dar plaza en los colegios e institutos de la ciudad, por lo que siguen recibiendo clase a diario en las instalaciones que ocupa Digmun en la Estación de Ferrocarril, sigue atascado.
El primer grupo de la oposición en la Asamblea, Caballas, preguntó ayer al Ejecutivo local qué había avanzado con el compromiso que adquirió hace dos meses de revisar su inscripción en el Padrón, el escollo que supuestamente sirve de excusa a la Administración General del Estado para vetarles el acceso a las aulas, y el presidente de la Ciudad, Juan Vivas, volvió a tomar la palabra para asumir las riendas de la problemática desde la “racionalidad”, la “prudencia” y la “sensibilidad”.
El portavoz de la coalición, Juan Luis Aróstegui, afeó al Ejecutivo local que, “como es habitual”, su palabra se había concretado en nada e instó a la Ciudad a dotar a esos menores, “que viven Ceuta e incluso en algunos casos tienen a hermanos que sí están escolarizados”, del “título acreditativo suficiente” para que entrar en los centros públicos “tal y como exige la legalidad vigente”.
La consejera de Presidencia, Yolanda Bel, aparentó no entender siquiera el argumentario de Caballas y defendió que la competencia corresponde al Ministerio de Educación. Igualmente, aseguró que todos los niños que dependen de la Ciudad, como los acogidos por Menores, sí están escolarizados.
Caballas solo coincidió con el PP en que es necesario gestionar el Padrón con diligencia para evitar sobrepasar la capacidad de la Ciudad para ofrecer servicios, pero Aróstegui insistió en que la exigencia inexcusable del certificado de empadronamiento, “que no existe en ninguna otra ciudad de España”, priva a niños “que viven aquí, como cualquiera puede comprobar, de un derecho fundamental en cuya defensa no vamos a dar ni un paso atrás”. Vivas pidió dejar la moción de urgencia sobre la mesa y retomar el asunto fuera del Pleno, a lo que accedió Caballas.
El Congreso y el Defensor del Pueblo, enterados
Tanto la Oficina del Defensor del Pueblo como el Congreso de los Diputados saben ya de la problemática de los cerca de 40 niños con entre 5 y 16 años que no están en las aulas porque el Ministerio no admite su escolarización. Digmun ha puesto su situación en conocimiento del departamento que dirige Soledad Becerril y el diputado vasco Jon Iñaritu (Amaiur) ha preguntado al Gobierno central en la Cámara Baja si piensa dar alguna respuesta a ese grupo.
