El presidente de la Ciudad de Ceuta,
Juan Vivas, justifica la presencia de la Policía Local en la zona fronteriza,
a pesar de la denuncia presentada por el sindicato CSIF. Concretamente, el jefe del Ejecutivo señala que esta permanencia de los locales en la frontera se debe a una petición expresa realizada por la Delegación del Gobierno. Ha negado ante los periodistas que los agentes se encuentren allí para regular el tráfico “porque no es una competencia nuestra debido a que hablamos de una carretera nacional. Están allí para encargarse de cuestiones relacionadas con las ordenanzas municipales como el control de la venta ambulante o la permanencia de bultos en la vía pública”. Justificó que el Gobierno autonómico había asumido obligaciones en la zona fronteriza desde hace muchos años, a petición del entonces Gobierno del
Partido Popular y que continúan ahora con un Ejecutivo del
PSOE “porque hay cuestiones que están por encima de las ideas políticas y sí tienen que ver con la lealtad entre las administraciones”.
Acciones muy concretas
Recordó que la Ciudad Autónoma había asumido la construcción de la zona de embolsamiento y también mantiene los gastos de su funcionamiento. Igualmente, a cargo de las arcas de la Ciudad Autónoma está el control del Tarajal II para el porteo de mercancías y ahora con esta presencia en la zona fronteriza que se va a mantener, sin cuestionarse por parte la orden de servicio dada. Ante la actuación que debían tener los agentes que están en la frontera ante una posible avalancha dijo que para cuestiones de orden público son un cuerpo auxiliar que interviene a petición del Cuerpo Nacional de Policía y que esas circunstancias se habían producido en más de una ocasión. También reconoció que la puesta en marcha de la zona de embolsamiento y con el Tarajal II, el número de avalanchas había descendido en los últimos tiempos.
Declaraciones sobre el PGOU
Vivas también habló sobre la situación actual del PGOU después de la reunión que mantuvo el miércoles con el presidente de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir. Explicó que tenía un gobierno en minoría, pero que ello no era óbice para llevar adelante la presentación ante el pleno de la Asamblea del nuevo Plan General de Ordenación Urbana. Dijo que confiaba en la responsabilidad de todas las fuerzas políticas de la Asamblea, no en vano “estamos hablando de un proyecto que no responde para nada a intereses políticos, sino que está redactado dentro de unos criterios técnicos y que cuenta con el beneplácito de los servicios del Ministerio de Fomento que es el organismo encargado de aprobar en última instancia el propio PGOU”. Insistió en que este documento, cuando esté aprobado, servirá para dar mayor seguridad jurídica a las empresas de construcción y ello “conllevará una mayor riqueza y creación de empleo”.
CSIF lamenta el "uso partidista" de la Policía Local por parte de Vivas
"No tiene parangón alguno sustentarse en que la Policía Local va a realizar las labores propias de su competencia al referirse a la venta ambulante cuando, con la aprobación de la Ley Orgánica 4/2015, de 30 de marzo, de protección de la seguridad ciudadana, en su artículo 37.7 refleja que 'Se entenderá incluida en este supuesto la ocupación de la vía pública para la venta ambulante no autorizada', lo que deja claro que dichas competencias también forman parte de las competencias de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad el Estado", argumenta el sindicato. Desde CSIF ven totalmente "fuera de lugar" las declaraciones del Presidente de la Ciudad donde confirma el uso partidista de la Policía Local en el irregular servicio de frontera para así, "mantener sus buenas relaciones" con el PSOE. Ha quedado meridianamente claro después de las declaraciones del Presidente que dicho servicio se ha establecido "por una petición política", desliza CSIF, debido a la falta de efectivos por parte de la Policía Nacional y la Guardia Civil y esto, es algo que se soluciona dotando de más medios humanos a dichos cuerpos. "Y no, de la forma en que pretenden hacerlo para así evitar lo que tienen que hacer, que es, dotar a la Policía Nacional y a la Guardia civil de todos los efectivos que sea necesarios, como así vienen reivindicando dichos colectivos desde hace años", aseguran. De igual manera el sindicato avisa que reducir efectivos que se encuentran en las barriadas de la ciudad y atendiendo directamente a los ciudadanos provoca directamente que se merme la calidad del servicio de los agentes a la ciudadanía. Mención especial merece que se base en el auxilio a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado cuando en la propia orden, la Orden 33/19 de “servicio en la rotonda de la frontera” indica literalmente en el punto 3.3 que “en el caso de grandes concentraciones de personas que traten de cruzar la frontera y en aquellos otros que exista un riesgo de avalancha, la pareja que preste servicio, previa comunicación al mando del dispositivo, se retirará de lugar y mantendrá una distancia de seguridad”. Y por si fuera todo ello poco continúa dicha orden de la siguiente manera: “En los casos previstos en el párrafo anterior, si por la densidad de tráfico no pudieran abandonar la zona, buscarán refugio en el puesto fronterizo hasta que la zona quede normalizada”. Y por último: “En todo caso, el vehículo se estacionará en una zona segura que permita la salida en caso de necesidad”. Con otras palabras, en caso de que las FFSSEE necesiten auxilio, salir corriendo o esconderse. Desde CSIF sentencian: "No vamos a permitir que se vulnere o tergiverse la legislación pudiendo provocar un problema a la seguridad jurídica de los agentes de policía local para evitar, dotar de los medios humanos necesarios a otros cuerpos de las FFSSEE".