El presidente del Gobierno de Ceuta,
Juan Vivas, ha “exonerado” este lunes a su consejera de Presidencia, Mabel Deu, de cualquier “responsabilidad política” derivada de la expulsión de 55
menores marroquíes no acompañados en agosto del año pasado, actuación por la que la Fiscalía la ha denunciado por un presunto delito continuado de prevaricación al saltarse la legislación española “a sabiendas” y estando expresamente advertida de que estaba vulnerando la normativa nacional e internacional. “Estoy a disposición de la
Justicia desde hoy y en cualquier momento”, ha dejado claro Vivas, que ha dicho “asumir la responsabilidad” de los hechos por los que ahora se podrían pedir responsabilidades penales si el Juzgado de turno lo estima procedente. “Todo lo que hizo lo hizo a petición mía, con mi consentimiento y estando yo plenamente informado... La responsabilidad política es mía”, ha dicho el presidente. La jurídica es otra cosa, pues según las fuentes consultadas
corresponde a quien ostenta las competencias delegadas, en este caso la vicepresidenta, más allá de declaraciones públicas. El líder del Ejecutivo local se ha remontado hasta mayo del año pasado para contextualizar la situación “excepcional e insostenible” de “emergencia humanitaria” que le llevó a pedir a Interior que activase un Acuerdo de 2007 que jamás se había aplicado y que exige “estricta observancia” de la legislación española, artículo que se obvió.
Según Vivas, las devoluciones exprés, “retornos asistidos” según su terminología, fueron mirando por el “interés superior” de los propios menores repatriados porque “aquí estaban en una situación de absoluta precariedad, sometidos a riesgos en cuanto a su integridad en todos los aspectos”. “Era nuestra obligación recurrir a todos los instrumentos normativos que pudieran permitir de manera legal atender y remediar esta difícil solución”, ha resumido. “Además se actuó de manera prudente porque hubo denuncias y ante el primer pronunciamiento judicial con cautelares que afectaban a 9 menores se acordó de manera conjunta suspender el procedimiento sobre todos”, ha añadido el presidente, que únicamente ha evitado mencionar las alertas que conoció sobre que se estaban cruzando líneas rojas legales nacionales e internacionales. “Aquello se hizo de forma transparente y contando con una institución social marroquí debidamente acreditada [L'Entraide Nationale]... Creo que se hizo bien... Nos podemos equivocar, puede que lo hayamos hecho, yo en primera persona, pero eso no significa que fuera a conciencia... Si nos equivocamos fue de buena fe, de manera honesta, por tratar de sacar adelante la situación más difícil que ha vivido Ceuta en 50 años y no voy a escudarme en nadie: asumo la responsabilidad que me toca y aquí estamos para lo que venga”, ha incidido el presidente, que también ha avalado la actuación de Interior, cuya cúpula se desmarcó rápidamente de lo ejecutado argumentando ante la Justicia que se limitó a “rogar” la activación de las repatriaciones ya declaradas irregulares por la vía de lo Contencioso-Administrativo.