El presidente de la Ciudad, Juan Vivas, auguró ayer en el Pleno que los refuerzos de personal y la reorganización introducida en los Servicios Sociales de la Administración local permitirán acabar con las colas y las listas de espera “antes de que termine la legislatura”.
Así lo afirmó durante el debate de una moción de urgencia de la diputada no adscrita Fatima Hamed, que planteó a la Cámara la posibilidad de exigir a los funcionarios que respondan en el plazo de un mes todas las peticiones de ayudas “para atender necesidades básicas y de emergencias sociales” y que, en el caso de no poder hacerlo, el silencio administrativo fuese entendido como positivo.
Tanto la consejera de Asuntos Sociales, tras consultar con sus técnicos, como el propio Vivas justificaron el rechazo del Grupo Parlamentario Popular a esta iniciativa asegurando que no solo sería “ilegal” sino incluso contraproducente, ya que podría dar pie a la aceptación de reclamaciones de apoyo no ajustadas a los criterios establecidos que terminasen “detrayendo recursos para aquellas familias que verdaderamente los necesitan”. Hamed reprochó al Gobierno que su sensibilidad social no es, en realidad, más que mera palabrería, afirmación que Vivas consideró “petulante” antes de recordar que “durante los últimos cuatro años el importe total destinado a políticas sociales de atención directa a los más necesitados se han multiplicado por tres”.
La titular del Área, Rabea Mohamed, defendió que las medidas implementadas en Servicios Sociales están dando sus frutos y que la concertación de citas, demorada en algunos casos hasta marzo, ya se está consiguiendo reducir a febrero. Además, explicó que las reclamaciones de ayuda urgente (más de medio millar desde octubre) se derivan hacia las oenegés que colaboran con la Administración local en la atención a las personas sin recursos básicos.
