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Vivas apoya la Comisión de Investigación sobre el 'caso Guerrero' que pide el PSOE

El Grupo Popular fijará su posición “la próxima semana”, pero el presidente apuesta por la máxima “transparencia” en relación con la inmunización del consejero y otras 9 personas de su Área

El PP en la Asamblea de Ceuta fijará “durante la próxima semana” su posición sobre la petición del PSOE de abrir una Comisión de Investigación en la Ciudad sobre la vacunación contra el coronavirus de diez personas de la Consejería de Sanidad, entre ellas su titular, Javier Guerrero, que “gestionan directamente la pandemia”. No obstante, aunque es al Grupo Popular al que corresponde tomar la decisión definitiva, fuentes del Ejecutivo local han avanzado este sábado en respuesta a este medio que el presidente Vivas “considera que se debería apoyar la constitución de la Comisión de Investigación al servicio de la debida transparencia y porque no hay nada que ocultar”.

Desde Daoiz han reiterado que lo que los socialistas pretenden conocer es “todos los detalles de lo acontecido en el caso de la vacunación contra la COVID-19 del consejero y nueve personas más de su departamento, así como si las vacunaciones se hicieron acorde al protocolo establecido para la administración de las mismas”, pero en el ámbito municipal, no abarcando todas las dosis recibidas por la Administración autonómica y su inoculación a otros cargos públicos como el director territorial de Ingesa, Jesús Lopera.

El apoyo del PP garantizaría que prospere la solicitud del PSOE, ya que el Reglamento de la Asamblea estipula que el Pleno puede, “por acuerdo de la mayoría absoluta de sus miembros y a petición de al menos dos Grupos Políticos”, crear Comisiones de Investigación “sobre cualquier asunto de interés público para la Ciudad excepto en aquellos asuntos sobre los que exista una causa judicial abierta”.

A partir de su constitución se tendría que elaborar un plan de trabajo y, a renglón seguido, requerir la presencia “de cualquier persona” para ser oída tras ser advertida “con una antelación mínima de tres días hábiles” de “los extremos sobre los que deba informar”. Las conclusiones se tienen que discutir y, en su caso, aprobar en el Pleno “por acuerdo de la mayoría absoluta de su número legal de miembros”.

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