Visto para
sentencia. Así ha quedado el caso por las
quemas intencionadas de propiedades de agentes de la
UDYCO de Ceuta o de sus familiares en la tercera y última sesión de juicio oral seguido este miércoles en el Juzgado de lo Penal número 1. El Ministerio Fiscal ha mantenido la misma calificación inicial, elevada ya a definitiva, pidiendo penas ejemplares –de hasta 20 años de prisión en uno de los casos- para los seis acusados que se han sentado en el banquillo. Las defensas se han unido en una clave: la ausencia de pruebas para enervar la presunción de inocencia de sus patrocinados. Sin duda el papel más complicado es el que le ha tocado desempeñar al Ministerio Fiscal a la hora de presentar un informe acusatorio después de que buena parte de la investigación policial quedara anulada ante la inexistencia del oficio que contenía el estudio del análisis de un teléfono móvil del que se derivarían las consiguientes escuchas y grabaciones que dieron pie a la cascada de detenciones. El acontecimiento número 98 de los más de 50.000 que conforman la causa no lo contiene, no existe ese oficio por lo que todas sus derivaciones posteriores quedan invalidadas en aplicación de la doctrina del fruto del árbol envenenado. Aún así el Ministerio Público ha insistido en que al margen de esa nulidad ha habido testificales de policías y periciales practicadas que sostienen que efectivamente existió un plan preconcebido para atentar contra la UDYCO que se materializó en la organización de una estructura delictiva piramidal, con un presunto autor intelectual en la cúspide, el acusado O.P.; un organizador de las quemas, el acusado M.M.H.; y cuatro ejecutores que habrían provocado las quemas de dos coches de policías y de un kiosco de una familiar de un agente –los acusados M.A., S.T. A.H. y N.L.H.-. Ha sostenido el Fiscal que hay pruebas más allá de las anuladas, haciendo especial hincapié en los pasos que fue dando la Policía para, al empezar las quemas, ir hilvanando qué podía haber detrás, ya que al principio se iba dando “palos de ciego” sin saber qué motivación podía caber. Constan detenciones, manifestaciones, grabaciones… que considera el Ministerio Público que avalan la teoría que da pie a todo este procedimiento. En su informe ha puesto de manifiesto la relación íntima existente entre el acusado O.P. y el guardia civil A.A., investigado y detenido en la Operación Monte de lucha contra el narcotráfico. Una relación que habría llevado al primero a organizar las quemas. Respecto de su persona y tras la nulidad decretada, el Fiscal ha reconocido que la prueba es menos contundente pero aún así ha mantenido la misma petición de cárcel, casi 20 años, la más elevada de todas por su presunta autoría intelectual. El hecho de que O.P. fuera puesto en busca y captura en junio de 2017 porque la Policía no lo encontraba y se entregara voluntariamente en noviembre de ese año es otra prueba a ojos del Ministerio Público de que algo escondía. Las quemas de dos vehículos de agentes de la UDYCO y de un kiosco de una familiar habrían sido preconcebidas por una estructura que funcionaba como “organización criminal”. Fiscalía ha tenido especial mención en su informe a las víctimas. No solo a la responsable del kiosco cuya vida tuvo que cambiar radicalmente, sino también a los policías que integraban la UDYCO. Algunos tuvieron que marcharse de Ceuta produciéndose un “éxodo de policías”, otros se cambiaron de unidad, fueron “amedrentados” y, como bien apuntó el Fiscal, no estaban “obligados al heroísmo” y no tenían por qué soportar estas consecuencias. Fiscalía ha pedido que se dicte una sentencia condenatoria y ha aludido en su informe a que este tipo de atentados contra la Policía no pueden ser permitidos porque eso va en “detrimento” de la “investigación de los delitos y de la convivencia”.
Entran en escena las defensas: todas unidas en la falta de pruebas
Y contra las tesis del Ministerio Público se presentaron los informes de todas las defensas. Cada abogado se centró en la de su patrocinado, pero todos han sido coincidentes en que no hay pruebas que los incriminen. El primero en entrar en escena ha sido José María Calero, defensor de O.P., quien se ha unido en la condena a las quemas de bienes de los policías. “Consideramos execrables estos incendios”, ha dicho, “pero es preciso condenar a los culpables, no a cualquiera”, ha matizado. Calero ha denunciado que su patrocinado se enfrenta a una pena mayor que la de un homicidio solo por un “rumor” sobre que se había fugado. Tras la nulidad, ha reseñado, nada hay contra su defendido. En su informe ha calificado de “contradicción” el hecho de que O.P. sea metido en la causa en base a una relación con el guardia civil acusado en la ‘Monte’, A.A., cuando este ni siquiera figura en este procedimiento con el visto bueno de la Fiscalía. Ha puesto de manifiesto la “inexistencia de pruebas” y ha indicado que a su cliente se llega de forma “tangencial”, encuadrando esa implicación en un empecinamiento de la UDYCO por vincularlo con esas quemas y la citada operación contra el narcotráfico. Ha criticado duramente la “praxis policial” seguida, lamentando que se diga que su cliente está relacionado con el narcotráfico cuando desde que fue condenado en 2006 por la Operación Ibiza no ha vuelto a ser detenido. En la investigación ha insistido en que falta “rigor” y ha usado términos como los de “temeraria, imprudente y sin sustento” para calificar esa praxis de los investigadores. También ha denunciado la inexistencia de “fuente de prueba” o la abundancia de “suposiciones”, poniendo en definitiva de manifiesto un “vacío y una ausencia absoluta de pruebas”. Ha culminado su exposición resaltando que no es posible dictar una sentencia condenatoria si no hay prueba de cargo. Si a Calero le tocaba la defensa del presunto autor intelectual; el resto de letrados se ha encargado de los informes de los demás acusados: un supuesto organizador de las quemas M.M.H. y los cuatro presuntos ejecutores. El abogado Carlos García Selva ha indicado que su cliente, N.L.H., está en el procedimiento sin pruebas en su contra, toda vez que fueron anulados todos los contenidos derivados del análisis de un teléfono móvil intervenido por la Policía. Ha expuesto la ausencia de “prueba de cargo” para incriminarle con la participación en los incendios. En la misma línea se ha pronunciado el abogado José Luis Pizarro, exculpando a sus clientes M.M.H. y A.H. En su informe ha mostrado su sorpresa por el escrito acusatorio del Ministerio Fiscal cuando se ha decretado una nulidad, lo que ha levantado “un muro” para poder “mantener la acusación” que no obstante ha continuado. La carencia de fuentes que desvirtúen la presunción de inocencia de sus dos clientes ha sido determinante para pedir su absolución. En su exposición ha resaltado la falta de objetividad en las investigaciones, argumentando que solo hay “sospechas” y ha mostrado su sorpresa por la ausencia de pruebas específicas. Por ejemplo, hay una grabación del día antes de la quema de un coche de un agente de la UDYCO con la que se acusa a uno de sus clientes pero, por el contrario, no hay grabación del mismo día de la quema cuando esas imágenes proceden de la vigilancia de la frontera y por tanto pudo haberse obtenido. Ha tildado la investigación policial de “parcial y subjetiva” y ha echado en falta la acreditación de muchas de las acusaciones. Los abogados de S.T. y M.A., Cristina Corral y Óscar Urbano, han pedido sentencia absolutoria para sus patrocinados en base a esa falta de pruebas, cuestionando las que han podido analizarse al quedar fuera de la nulidad decretada. Así ha sido el caso de fotogramas de vídeos en los que se deduce quiénes son sus protagonistas, algo imposible para estas defensas, habiendo algunos que “podían mandarse a ‘Cuarto Milenio’ porque no se ve nada”. Las defensas han coincidido también en que, en el caso de que la sentencia sea condenatoria, nunca podría aplicarse penas agravadas puesto que las tesis de la Acusación se basan en que los que ejecutaban las quemas no sabían que los bienes eran de policías o de sus familias.
Jornada de declaraciones: más policías afectados
En esta última jornada de juicio y antes de la lectura de los informes se ha podido escuchar la declaración de otro exmiembro de UDYCO que sufrió la quema de su coche. Ha narrado que el incendio fue provocado y que cree que los autores esperaron a comprobar que bajaba las persianas de las ventanas de su casa para proceder a la quema. Este ataque provocó que se marchara de Ceuta, afectando sobre todo a la familia. Fue una narración idéntica a la de otros miembros de una Unidad que destacó entre los años 2015 a 2017 por el desarrollo de cuantiosas operaciones antidroga y de lucha contra la delincuencia. Todos los policías que dejaron el Grupo o se fueron incluso de Ceuta vivían perfectamente en la ciudad pero esa situación se hizo insostenible, era difícil vivir cuando te estaban atacando por trabajar o haciendo daño a las familias cercanas. De hecho la Unidad como tal se rompió, así que finalmente sí que se consiguió desestructurar un grupo que había conseguido la detención de decenas personas vinculadas al tráfico de drogas y el decomiso de toneladas de hachís.
Del teléfono germen de la operación a multas de 200 euros a dos policías
Entre los testigos llamados a declarar en la jornada de este miércoles ha figurado el joven que interceptó la UDEV en marzo de 2017 grabando con un teléfono móvil cómo se quemaba el coche propiedad de un agente de la UDYCO en las inmediaciones del colegio Príncipe Felipe. El agente que lo interceptó ha declarado que lo sorprendió en el lugar. Al examinarse el teléfono aparecieron fotografías de otras quemas, como la del kiosco. De ese hilo se tiró para proceder a nuevas detenciones, pero todo esto queda afectado por la nulidad. Fiscalía interesó el interrogatorio del joven. Este negó no solo haber estado grabando ahí la quema del coche por lo que habría cobrado 10 euros, sino también haber declarado en Jefatura para incriminar a los que le habían encargado esa grabación. Llegó a manifestar que no recordaba que lo habían trasladado a Jefatura a pesar de que un policía dijo lo contrario. Fiscalía interesó que se dedujera testimonio porque consideraba que había mentido, al igual que interesó lo mismo para otros testigos más. Decisión esta que tendrá que plasmar la juzgadora en sentencia. Lo que sí tiene claro ya su señoría es la multa de 200 euros que decidió poner –y así lo dijo en sala- a dos policías nacionales que tenían que haber acudido a declarar y no se presentaron a pesar de las intensas gestiones por dar con su paradero y después de haber sido debidamente citados en tiempo y forma.