La magistrada del Juzgado número 2 dejó visto para sentencia el juicio contra M.M.L., por un delito contra la ordenación del territorio que se viene produciendo desde 2011, según reza el escrito de acusación. El acusado reside en la Cabililla de Benzú, en una vivienda familiar heredada de sus padres. Situada en terreno militar, el suelo está calificado como rústico, lo que prohíbe cualquier intervención de carácter urbanístico, si bien M.M.L. está acusado de haber acometido obras en el inmueble, elevando hasta tres las plantas del mismo. M.M.L. negó haber ejecutado cualquier tipo de obra, asegurando que únicamente realizó un nivelado de la tercera planta, una azotea sin cubrir. El único testigo del juicio, el perito municipal encargado de realizar el expediente sobre el caso, aseguró que, tras la investigación del Ministerio de Defensa, se constató que el inmueble había sido objeto de obras en los últimos años, pasando de tener una superficie de algo más de cien metros cuadrados a superar los 400, pese a tratarse de suelo no urbanizable. En sus conclusiones, el Ministerio Fiscal aseguró que, si bien en el Catastro la vivienda está registrada con una sola planta, en las imágenes fotográficas aportadas en el juicio, se apreciaban tres. Insistió la Fiscalía en que el acusado había ejecutado obras de envergadura sin la pertinente autorización al elevar pilares y muros para edificar la tercera planta. Por su parte, el letrado de la Defensa basó su conclusión en que la fotografía de la fachada no se había visto modificada desde 2012 a 2018, por lo que en caso de que se hubiera producido un delito, éste ya habría prescrito. Además, recalcó el hecho de que el perito, en su declaración, reconoció no haber visto al acusado trabajando en obras en su vivienda.