La vista oral del ‘caso Emvicesa’ incluirá la declaración de 44 testigos y tres peritos

La vista oral del ‘caso Emvicesa’ que comenzará en la Sección VI de la Audiencia Provincial de Cádiz con sede en Ceuta el próximo 24 de octubre prevé la declaración de un total de 44 personas en calidad de testigos, menos que el número total de acusados, que se eleva a 54.

Según las fuentes consultadas por este periódico, además de a los procesados, que se enfrentarán a unas peticiones de condena de la Fiscalía que en total suman 280 años de cárcel por su presunta participación en una trama para la adjudicación irregular de viviendas protegidas en la ciudad, ante la Sala pasarán siete funcionarios de la Policía Nacional, el Cuerpo que llevó las investigaciones.

La lista de políticos en activo o ya retirados de la primera línea de la vida pública que darán su versión de lo acontecido incluye a la actual consejera de Hacienda y anterior gerente de Emvicesa, Kissy Chandiramani, así como a Néstor García León (exconsejero de Fomento), Francisco Márquez (exdiputado nacional, exgerente de Emvicesa y antiguo miembro del Ejecutivo local), Juan Manuel Doncel (ahora al frente de la Autoridad Portuaria), Guillermo Martínez (que llevó las riendas de varias consejerías antes de ser elegido Senador), Carolina Pérez (actualmente jefa de Gabinete de Vivas y en su momento máxima responsable de Asuntos Sociales), Adela Nieto...

La lista de testigos citados también incluye a personas que ocuparon escaños en partidos de la oposición (como Juan Luis Aróstegui o la socialista Milagros García) y de técnicos de primer nivel de la administración local como el interventor o la secretaria general de la Asamblea.

La relación completa de nombres recoge también los de otros actuales o anteriores cargos medios y técnicos de la Ciudad Autónoma.

La Audiencia mantiene como acusación particular un grupo de catorce personas

Igualmente se ha admitido la intervención ante el plenario como peritos de tres expertos en valoración de contenido y piratería intelectual e industrial, en contabilidad y en informática, respectivamente.

Además, se escucharán más de veinte llamadas telefónicas intervenidas por los investigadores de la Policía Nacional. La Audiencia ya ha solicitado a la Gerencia Territorial del Ministerio de Justicia que nombre un intérprete de árabe para que intervenga en el juicio oral durante la audición de las mismas.

Además de la Fiscalía, como acusadores se ha admitido a un total de 14 personas con un mismo abogado, pero la empresa Banus Time ha sido apartada como actora civil.

La petición de la Fiscalía

El escrito de acusación de la Fiscalía solicita 26 de cárcel para el supuesto “cabecilla” de la red, Antonio López. Se le imputan presuntos delitos de prevaricación continuada, falsedad de documentos en concepto de autor e inductor, cohecho continuado, promotor y director de organización criminal y blanqueo continuado de capitales con accesorias de multa de 5,9 millones de euros e inhabilitación por diez años.

Entre 13 y 15 años de cárcel reclama para cinco trabajadores de la Empresa Municipal de la Vivienda (Emvicesa, que da nombre a la causa abierta hace cinco años) y entre 2 y 11 para los cuatro políticos que se sentarán en el banquillo (las exconsejeras de Fomento -11- y Asuntos Sociales -5-, el entonces portavoz de Caballas -5- y un antiguo gerente del PP Regional -2-).

Todos ellos serán juzgados como presuntos partícipes de la “organización criminal” que el primero habría tejido “con el ánimo de enriquecerse ilícitamente y prevaliéndose de su cargo” para “articular un sistema de adjudicación de viviendas de promociones públicas subvencionadas por la Ciudad al margen del procedimiento legalmente previsto, a cambio de determinadas cantidades de dinero y sin valorar los requisitos necesarios para su adjudicación o haciéndolo de manera torticera”.

A peticiones de condena de entre 11 y 9 años de prisión se enfrentarán cinco “intermediarios” señalados como “captadores de clientes” para López. Finalmente, tres años de cárcel por cohecho reclama la Fiscalía para cada uno de los 39 particulares identificados como pagadores de hasta 20.000 euros por conseguir la adjudicación de una vivienda en beneficio propio o de familiares.

Durante las sesiones se escucharán más de 20 conversaciones grabadas por la Policía

El escrito de acusación señala que López “obtuvo una ingente cantidad de dinero ilícito” y “lo introdujo en el tráfico comercial dándole apariencia de legalidad ocultando su procedencia ilícita mediante operaciones de compra y venta de inmuebles o acciones en bolsa, vehículos, artículos de joyería (tanto en su nombre como a través de sociedades mercantiles creadas con este fin), concertando préstamos personales e hipotecas cuyas cuotas satisfacía con el dinero que obtenía de su actividad delictiva e incluso amortizando anticipadamente o cancelando las deudas con cobros ilícitos”.

El importe total que el acusado habría introducido “en el circuito financiero legal ocultado su procedencia” fue de 1,97 millones.

Para “lograr su propósito” se habría valido “de una estructura por él diseñada y organizada que actuaba siempre bajo sus órdenes y directrices y que estaba conformada por los trabajadores comerciales de Emvicesa, los representantes públicos de la Comisión Local de la Vivienda y de intermediarios y captadores de clientes”.