Opinión

Visita a Bruselas y referéndum catalán

La capacidad de los separatistas catalanes para hacer el ridículo es ilimitada de manifiesta notoriedad. No tuvieron bastante con que a Artur Mas en su día le dieran tantos portazos en las narices cuando fue pordioseando por la Unión Europea (UE) que lo recibieran para él contarles que ellos son una “nación” y que quieren votar en un referéndum, que dicen es lo menos que se puede pedir en una democracia, sin que entonces nadie relevante lo recibiera (salvo el líder ex terrorista del Sin Fèinn norirlandés, Guerry Adams), que ahora va Puigdemont presumiendo de su comitiva “estatal”, con su vicepresidente Junqueras y su “ministro de exteriores” del ensoñado “estado”,  Romeva, y repiten visita a Bruselas. En realidad, casi nadie se explica  por qué no se les da por quien corresponda la oportuna réplica a la sarta de mentiras, infundios, desafíos, amenazas y provocaciones, con la consiguiente ventaja propagandística para los separatistas, porque como el público sólo conocen su versión, pues termina creyéndoles.
Los tres jerifaltes fueron al Parlamento Europeo a impartir una “magistral” lección de “democracia”,  que seguro quedará registrada en los anales de la soledad y el despilfarro. Conociéndolos los jerarcas europeos,  debieron quedarse pasmados, porque todos se dignaron en no asistir para no tener que escucharles el cúmulo de necedades. Puigdemont se despachó a gusto acusando al Gobierno español de negarse “tajantemente a cualquier negociación” sobre el referéndum, y de politizar el Tribunal Constitucional. “Es un no a todo”, dijo, ” una persecución a todos los que no piensan como ellos”. Calificó de grave la "judicialización de la política y de irresponsable al Gobierno”, acusándolo de “atentar  contra la separación de poderes" por el juicio a Artur Mas que comenzará el día 6 de febrero; y pretendió implicar plenamente en el proceso separatista a la UE: "La decisión no es la independencia. Es un problema europeo y Europa no puede permitirse mirar hacia otro lado, por coherencia y pragmatismo". Aseguró que Cataluña celebrará un referéndum “legal” en 2017, eficaz, vinculante y con todas las garantías democráticas, “exista o no acuerdo con el Estado”. O sea, que será “legal, vinculante y democrático”, lo quiera o no España, “sí o sí”. ¡Magnífica lección de democracia!.
Ocuparon una sala de la Eurocámara y pidieron a la UE que obligue a España a que les permita ejercer su derecho más democrático: votar. Abundó  Romeva en la misma idea, aseverando que la UE “no puede cerrar los ojos y negar esta realidad; tiene que tomar cartas en el asunto”. Y Junqueras, el de “la pela es la pela”, despotricó todo lo que pudo contra el Estado español, alertando del riesgo que corren el sistema de pensiones y la economía española, etc. Pero enmudeció para no contar la monstruosa cantidad que Cataluña ha recibido del FLA, aunque vaticinó que "el Estado, su Gobierno y los partidos que lo sustentan se enfrentan a la ineficacia económica”. Añadió que el Estado ha protagonizado más quiebras con su sistema de financiación y advirtió de que "el sistema democrático español tiene deficiencias". Y tampoco dijo ni “pío” sobre que Cataluña tiene su deuda catalogada como “bono basura”, y que si no fuera por el sostén y aval de España, habrían ya quebrado. Ocultó, que ese mismo día el presidente del Círculo de Empresarios de Cataluña, gran conocedor de la situación económica catalana y de sus empresas, afirmó: “Las empresas huyen de Cataluña como de la peste..., como sucede cuando son los dirigentes políticos los que no cumplen con la ley...Durante los últimos años un grupo de dirigentes catalanes ha generado una dinámica irracional y con astucia han sido capaces de conducir a parte de la población a creer cosas que son inciertas.... ¡Un desmadre!”. Y también calló la serie de empresas que huyen de Cataluña.
Silenció igualmente que la agencia EFE había anunciado que un grupo de prestigiosos juristas catalanes está impulsando un manifiesto en defensa del estado de derecho y la democracia, que presentará el próximo 2 de febrero, dado que en el ámbito jurídico catalán existe preocupación por la "falta de nivel jurídico" que observan en sectores independentistas, cuando Cataluña se ha caracterizó antes por su "rigor en la elaboración de sus leyes". En un momento de proliferación en Cataluña de plataformas y entidades contrarias a la independencia, miembros de una veintena de juristas creen que las cosas están cambiando en Cataluña y que "la sociedad civil ya ha dicho basta". Abogados, catedráticos, profesores de universidad, notarios y exmagistrados están elaborando un manifiesto en defensa del Estado de derecho y de la democracia, apelando a la tradición jurídica catalana "basada en el rigor y el respeto a la ley, y denunciando también que la actual situación de falta de respeto al Estado de derecho pone en peligro la democracia". La Generalidad, moviéndose mucho y con unos gastos declarados de 127.000 euros de todos los españoles, sólo logró reunir en la sala, según sus propios datos, unas 500 personas con público fiel a su causa expresamente llegadas de Cataluña, incluidos niños, funcionarios de sus llamadas "embajadas" y una decena de eurodiputados escoceses, belgas e irlandeses (unos 20 en total, sumados los de sus partidos), de los 750 miembros con que cuenta la Eurocámara. Puigdemont presentó luego la visita como un triunfo de cara a los medios, cuando fue evidente que tuvo un eco nulo. La prensa internacional ni siquiera informó sobre el evento. Nadie relevante del Parlamento Europeo asistió, ni ningún eurodiputado español de los demás partidos. Fue un rotundo fracaso en toda regla y a todos los niveles. En palabras de Rajoy: “Puigdemont fue recibido como se merecía”.
Han dicho con el mayor descaro en Bruselas que en España se persigue a todos los que no piensan como ellos. Y aquí creen que los demás españoles actúan como ellos, que en eso, son los mejores del mundo con experiencia reconocida. Por ejemplo, nada informaron al público asistente de todo lo que en Cataluña persiguen el castellano, pese a ser la lengua cooficial con el catalán, imponiéndoles a los niños hispanoparlantes este último, en contra de lo ordenado por múltiples sentencias. Han multado numerosos establecimientos por haberlos rotulado en español. Han promocionado el árabe y el tagalo, a la vez que casi han erradicado el español. Los medios han informado que separatistas radicales asaltaron allí hace poco Mercadona para etiquetar los productos sólo en catalán. Prefieren formar a los catalanes sólo en el catalán para que en el mundo sólo se entiendan ellos solos, pese a que el castellano, al que tanto asco le hacen, les ayudaría a entenderse con 2.500 millones de personas; lo que evidencia su estrechez de miras.
Tendrían que haberse llevado a Bruselas al ex juez y ex senador de ERC, Santigo Vidal,  para que se hubieran enterado en la UE cómo los separatistas se han apropiado en Cataluña - según lo declarado en sendas conferencias impartidas por el interfecto - jactándose públicamente de que tienen un censo ilegal con datos personales fiscales de los contribuyentes,  otro censo para el referéndum, leyes secretas para la desconexión con España, datos sobre 801 jueces afectos o desafectos para depurarlos ideológicamente, partidas secretas en los presupuestos, acuerdos militares secretos con otros países contra España, etc, para que en el presunto nuevo estado “no se les escape nadie”; o que tienen agentes secretos del CNI que ya operan en Madrid. En resumen, hicieron, el más grande de los ridículos. ¿Cómo personas de esa talla se atreven a querer imponer un estado catalán, si desde que gobiernan allí han tirando por tierra el prestigio, la seriedad y la solvencia que Cataluña tenía, y a la propia Cataluña?. Todo eso sí que es un gravísimo atentado a la democracia, al Estado de derecho, a la separación de poderes y una flagrante aberración jurídica. ¿Cómo iban a recibirles así en la UE?.
Pero vayamos al referéndum. En artículos anteriores expuse que el derecho de autodeterminación, disfrazado de  “derecho de decisión”, jurídicamente no existe en el Derecho Internacional para las regiones que ya forman parte de un estado, sino que es mera invención y pura entelequia de los separatistas. El Gobierno central sólo podría autorizar un referéndum en Cataluña que fuera legal si en él vota todo el pueblo español, que es el titular de la soberanía nacional. Pero también dije que en los casos de asociaciones, federaciones o confederaciones de estados que anteriormente hubieran sido independientes, las normas internacionales solían permitir su separación, habida cuenta de que no formaban un estado unitario sino una integración de estados que tal como se unieron pueden separarse. Ejemplos prácticos se tienen en la disgregación de la antigua URSS y Yugoslavia. Otros casos en los que continúan unidos, son: Reino Unido de la Gran Bretaña, que por la llamada Acta de la Unión, el País de Gales se unió a Inglaterra en 1284; de Escocia lo hizo en 1707 e Irlanda del Norte en 1800. Por eso pudo celebrarse recientemente el referéndum en Escocia, y también porque la Constitución británica no es escrita sino consuetudinaria. Y Alemania, cuyos 16 “Länders”, o estados, se unieron entre sí, para luego ir sufriendo una serie de transformaciones que terminaron en la actual República Federal Alemana.
En el Derecho Comparado, ese espíritu “tolerante” que hasta ahora se había venido dando en tales supuestos, ha ido últimamente evolucionando hacia posiciones más rígidas, como acaba de suceder el 16-12-20116 en Alemania, donde su Tribunal Constitucional se ha pronunciado en contra de la separación de Baviera, antiguamente independiente. La 2ª Cámara del Senado del Tribunal Constitucional alemán acordó por unanimidad inadmitir la demanda en petición de un referéndum sobre la posible independencia de Baviera. Dicho Tribunal recoge que "en la República Federal de Alemania, que es un Estado-nación basado en el poder constituyente del pueblo alemán, los Estados individuales no son amos de la Constitución. Por lo tanto, no hay espacio para que intenten separarse", argumentado que “la parte no puede decidir el destino del todo, no siendo los Länder los dueños de la Constitución, sino el conjunto del pueblo alemán”.
Algo parecido, aunque no igual, ha ocurrido en Gran Bretaña al discutir su Tribunal Supremo la cuestión del Brexit que, aun cuando en este caso no se trataba de celebrar ningún referéndum para separarse, se declaró que el abandono británico de la UE afecta al derecho fundamental de los británicos y no podía decidir directamente el Gobierno, sino que la salida debe decidirla una ley del parlamento.
En España, nuestra Constitución (CE) proclama el principio de indisoluble unidad de la Nación española en su artículo 2; y el art. 168,  sobre la modificación constitucional, requiere de unos trámites complejos y de unas mayorías muy reforzadas para su modificación. El propio Tribunal Constitucional (entre otras, en sus sentencias 103/2008, 42/2014 y 32/2015), tras negar que en el actual marco constitucional quepa la independencia (unilateral o "consentida") en virtud de los artículos 1.2 y 2 CE, ha admitido que una eventual reforma de la CE pudiera permitir la separación de una parte del actual territorio, si la Constitución fuera cambiada en tal sentido; pero mientras tanto no lo sea, es imposible atacar la indisoluble unidad. Es decir, los separatistas lo primero que tienen que hacer es intentar cambiar la Constitución con la votación de todo el pueblo español. Pero lo que ellos quieren tercamente y a toda costa es votar solos, “sí o sí”, lo quiera o no el Estado. Eso es lo “democrático” para ellos, violentar las instituciones hasta conseguirlo, saltándose a lo bruto la Constitución, la ley y las sentencias de los Tribunales, retando al propio Estado.
El verdadero fondo de la cuestión no es que se les impida votar, que no es cierto, sino que lo que quieren votar es inconstitucional,  ilegal y hasta delictivo. Nadie puede autorizarles a hacerlo sin ser procesado. Decía toreando mi tocayo El Guerra, que “lo que no pué sé, no pué sé, y además es imposible”.

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