Virtuosismo y ambigüedad

El Pleno de la Asamblea dejó ayer en punto muerto definitivo el proceso de reestructuración del sector público periférico de la ciudad autónoma, un reto que apareció en un documento oficial para afrontarlo de inmediato hace casi dos años. El 1 de febrero de 2012 el Gobierno de Juan Vivas, todavía con Francisco Márquez como consejero de Hacienda, alumbró un ‘Plan de Estabilidad Presupuestaria’ que abogaba por “redimensionar el conjunto de entes dependientes de la Ciudad” para “optimizar el gasto y conseguir una actuación más eficiente”.
Aquel proyecto pasaba por integrar a Obimace en su matriz (Obimasa) y posteriormente fundir a ambas con Emvicesa. Por otro lado se proponía que Procesa absorbiese a Servicios Turísticos y al Parque Marítimo, así como poner en marcha Planes de Empresa en todas las mercantiles municipales para obtener una “reducción muy considerable” del número de entidades y “un ahorro en costes estructurales y de personal directivo de unos 3,5 millones”.
Durante los últimos 24 meses pasaron muchas cosas. De Márquez la Consejería pasó a Guillermo Martínez y de este, a Emilio Carreira. Entretanto, el Gobierno de Rajoy dio a conocer un anteproyecto de Ley de Administración Local que finiquitaba cualquier sociedad pública en desequilibrio financiero sin computar los ingresos procedentes del Ayuntamiento de turno o ‘de segunda generación’.
Con ese borrador sobre la mesa se planteó una salida de emergencia, la integración de todas las empresas municipales en Organismos Autónomos salvo en los casos de Acemsa (ya metida previamente en cintura económica por Carreira) y Puerta de África.
Pese al recelo de parte del funcionariado, el Ejecutivo local logró tejer un consenso básico con sindicatos y oposición que nadie se atrevió a romper en público. El plan logró la bendición del Pleno sin votos en contra hasta en tres ocasiones (en septiembre y, por dos veces, en diciembre), siempre con el horizonte de salvar todo el empleo público como máxima.
A cara descubierta solamente UPyD criticó, un día sí y otro también, sin ambages, la operación pactada por Ejecutivo local, oposición y sindicatos, acuerdo que empezó a resquebrajarse cuando dos funcionarias presentaron los primeros recursos de reposición que posteriormente otros dos, entre ellos Federico Cuenca, el que ya se erigió como descubridor de los supuestos descuadres económicos con Urbaser, acabarían rubricando también.
Con la entente sindical aparentemente firme (se llegó a convocar una asamblea en la que los responsables de sector público de CCOO, UGT y CSI.F prometieron que no se “bajarían del caballo”), el secretario general de los ugetistas, Antonio Gil, fue el primero en desmarcarse de la posición que públicamente mantenían los suyos en el Ayuntamiento acusando al Gobierno de Vivas de estar rozando o cayendo directamente en la “prevaricación” pese a la entente alcanzada con la parte social.
En el entorno del Ejecutivo del PP sus movimientos se han interpretado como una forma de ganar peso político para entrar en alguna lista en los comicios autonómicos de 2015. Aróstegui abogó ayer, tras leer a UGT intuir un  delito de “revelación de secretos”, por distinguir entre las opiniones que, por su criterio y fundamento, merecen “respeto” y las que sólo son “ruido”.
Antes de que terminase el año pasado, el PSOE también se desmarcó de un proceso que según Carracao a los socialistas no les había gustado nunca y que sólo habían acompañado por la necesidad de proteger cientos de empleos.
Para el Gobierno y Caballas lo que hizo el PSOE, sin embargo, es nadar y guardar la ropa, intentar contentar a todo el mundo, regalar todos los oídos, como durante el debate en el Pleno sobre el cobro por la ocupación con terrazas de la vía pública. El presidente de la Ciudad, Juan Vivas, puso ayer en duda que se pueda ser “ambiguo” y “virtuoso” simultáneamente. “La abstención le permitió”, valoró, “la virtud de la ambigüedad, si es que es posible, para decir una cosa aquí y otra fuera”.
Para el socialista, lejos de mantener el rumbo inicialmente trazado, al PP y a los localistas les une un “pacto encubierto” que las dos partes reconocen, como los sindicatos, expresamente alrededor de este proceso: salvar más de 700 empleos de las consecuencias del “aterrador”, según Aróstegui, primer anteproyecto de Ley de Administración local; y evitar, ahora, un litigio judicial que sumiría durante meses o años en la “inquietud”  y en la “intranquilidad” a cientos de familias y a varios servicios públicos “fundamentales” cuando el primer propósito puede alcanzarse, tras la matización del texto legal inicial, por otro camino.

Vivas a Carracao: “¿Qué es lo que ha cambiado en estos 20 días?”

El presidente de la Ciudad, Juan Vivas, pidió ayer al portavoz del Grupo Socialista, José Antonio Carracao, durante el Pleno en el que se acordó por unanimidad suspender los Acuerdos adoptados en diciembre pasado que explique “qué es lo que ha cambiado” durante los últimos 20 días para justificar el viraje que ha dado su postura desde la abstención con la que se pronunció hace tres semanas al voto en contra con el que amenazó hacerlo el 6 de febrero si las cuentas de las sociedades no vienen respaldadas por auditorías externas. Según recordó Vivas “todos los años todas las cuentas pasan por esas auditorías” y “la estabilidad patrimonial y contable de todas las empresas es exactamente la misma hoy que hace 20 días, por lo que los hechos no le dan la razón”. Caballas reclamó un “cambio profundo” en el sector público periférico para acabar con la “heterogeneidad” existente entre las condiciones laborales de sus trabajadores, entre otros objetivos.