Imagine que su pareja intenta cumplir con una venganza anunciada y, cuchillo en mano, pretende quitarle la vida. Así, a sangre fría, dejando todos los detalles de su acción por escrito. Imagine que la misión criminal se evita de milagro y que aunque los daños físicos no llegan a materializarse en cuchilladas sí quedan de por vida los psicológicos. El miedo, el no saber qué va a suceder, la desprotección... Todo esto en un país cuya Administración se vanagloria de invertir mucho dinero en proteger a las víctimas, de luchar contra los casos de violencia de género mientras las estadísticas de asesinadas no paran de crecer y extienden sus tentáculos también sobre los hijos comunes.
La protección falla. Y falla en situaciones que se tornan en incomprensibles y denunciables porque ponen en evidencia el buen funcionamiento del sistema. María (nombre ficticio) volvió a nacer el año pasado, cuando su marido no logró asesinarla tal cual eran sus planes, delante de sus hijas. Durante año y medio ha permanecido en prisión preventiva hasta que hace unos meses la Audiencia Provincial de Cádiz estimó el recurso de su Defensa y lo puso en libertad provisional con unas medidas muy estrictas. Se le prohibió acercarse a 500 metros de la víctima y familiares, comunicarse con ella, residir o acercarse a Ceuta y además se le obligó a firmar en un juzgado de la península y a llevar colocado un dispositivo de control telemático que, precisamente, debe ser la garantía de que está cumpliendo con las medidas de alejamiento y prohibición de entrada a Ceuta. Una alerta avisaría de ese incumplimiento. María debía estar segura. Pero no. Es incomprensible pero toda la inversión, todos los anuncios y todos los sistemas de protección a las víctimas no son lo infalibles que cuenta la Administración. La protección a la víctima hace aguas y la sensación de que su verdugo puede estar cerca es más evidente.
La protección a las víctimas de violencia de género falla, son situaciones incomprensibles
Cuando al acusado se le colocó el dispositivo de control telemático era el primer caso que se daba en Ceuta. En esta última semana ha fallado en dos ocasiones. Incidencias consideradas “graves” y que como tal han sido reflejadas en un informe remitido al Juzgado de Instrucción número 4 de Violencia de Género.
En dos días la víctima de este caso recibió un par de llamadas perdidas al dispositivo de protección que lleva en su poder. Son alarmas que se producen cuando ha habido varios intentos de establecer conexión con el GPS que debe llevar siempre el acusado y que significan que se desconoce dónde está. Una llamada se produjo a las 3.34 horas, en plena madrugada. La conexión se restauró a las 4.42. En ese periodo de tiempo el GPS del acusado no envió datos sobre su ubicación al centro COMETA, una ausencia de comunicación que puede deberse al nivel de cobertura GSM/GPRS para la transmisión de datos y que causó un vacío de protección claro.
Tres días después, a las 4.40 horas volvió repetirse la misma situación, restaurándose a las 5.02. Ambas situaciones fueron conocidas por la Policía y se pudo averiguar que la persona controlada estaba en Algeciras, no en Ceuta. El miedo psicológico de la víctima y sus hijas, el no saber qué ha pasado, esa alerta surgida en plena madrugada... quedan recogidas como incidencias pero esconden una quiebra en el sistema que queda en evidencia. La víctima atesora todos los puntos para perder la partida, se ve obligada a quedarse recluida en Ceuta sin salir a la península donde puede toparse con su presunto agresor; queda entregada a unos fallos que pretenden explicarse con anomalías de cobertura... Pero las agresiones, la exposición a situaciones extremas, el miedo y ese saber que algo no funciona bien no entiende ni de incidencias ni de coberturas.
La Administración es incapaz, años después de avanzar sin fisuras en la lucha contra una lacra que aún permite aberturas en el camino, de dar una garantía absoluta a quienes multiplican su exposición al peligro sin saber cuándo van a poder ponerle un punto y final.