La Sala de lo Penal de Tetuán ha fijado la vista para juzgar a un vigilante de seguridad privada de un centro educativo adscrito a la Dirección Provincial del Ministerio de Educación Nacional, Enseñanza Primaria y Deportes en la ciudad de Rincón acusado de hurto de ordenadores y equipos escolares, así como a varios comerciantes de sospechosos de la compraventa del material informático. De acuerdo con la información reseñada por medios locales, el vigilante de seguridad privada del centro educativo negó inicialmente cualquier relación con la sustracción de 10 ordenadores y otros equipos del centro en el que trabajaba. Sin embargo, en el lugar donde se cometió el delito no había indicios de cerraduras forzadas ni tampoco señales de que se hubiera asaltado la valla del centro, por lo que el sospechoso tras ser interrogado por la Policía Judicial, admitió los hechos e informó a los agentes sobre quiénes eran las personas a las que había vendido los ordenadores sustraídos. Es la Dirección Provincial del Ministerio de Educación Nacional, Enseñanza Primaria y Deportes la encargada de orientar a las empresas adjudicatarias del contrato de vigilancia de los centros educativos en régimen de concesión, para que extremen el cuidado en la selección del personal y exijan un certificado de antecedentes penales, así como supervisar su comportamiento, con el fin de garantizar la seguridad de los alumnos, profesores, personal administrativo y material, especialmente a raíz del hurto ocurrido con anterioridad de material en el laboratorio de un instituto. Las fuerzas de seguridad se encuentran ahora investigando a los compradores de los ordenadores robados del centro educativo, así como las cantidades acordadas, la relación que les unía, además de esclarecer los motivos y circunstancias que llevaron al acusado a cometer el delito. Todos los implicados se enfrentan a penas de prisión y multas aplicables a quienes cometen este tipo de delitos, dado que las sanciones por este tipo de casos varían según su naturaleza y el modo en que se cometió. Los acusados que se apoderen de bienes ajenos con premeditación serán castigados con una pena de prisión de al menos un año, pudiendo llegar a 5 años, además de estar establecida por ley una multa para los involucrados de entre 200 y 500 dirhams.