La
antigua prisión de Los Rosales, en Ceuta, persiste como un particular vertedero en pleno corazón de la barriada. Hace unos días, jóvenes que pernoctan en estas instalaciones provocaron un
pequeño incendio, uno más que se suma a la hilera de los que son vistos por los
vecinos de la zona.
A pesar de que en enero se
sellaron los accesos después del hallazgo de un cadáver y tras las
múltiples quejas sobre el estado de esta infraestructura, poco ha cambiado.
La puerta de acceso a la vieja penitenciaría está abierta erigiéndose en una sencilla vía de paso para adultos y menores que pernoctan así en aquellas infraestructuras que no fueron selladas y que integraban distintos módulos de la cárcel.
Ropas, basura, colchones y restos de bebida y
de drogas se mezclan en este lugar cada vez más deteriorado y convertido en un claro punto de riesgo. Tras los muros de la vieja prisión puede ocurrir cualquier cosa sin que nadie se dé cuenta. El temor es mayor por la presencia de menores y su vulnerabilidad.
Un recorrido por la zona permite apreciar los puntos en donde se reúnen los grupos para el consumo de estupefacientes, en donde duermen, acumulan enseres o dejan tendida la ropa.
Las promesas políticas
Los habitáculos están abiertos de par en par y restos en el camino apuntan al tránsito continuado de personas y haciendo aflorar varias dependencias en donde han ocurrido incendios de mayor o menor gravedad.
El Gobierno de Ceuta lleva anunciando al menos desde 2021 que la vieja cárcel, una de las más antiguas que Instituciones Penitenciarias mantuvo abierta, se convertiría en un centro para acoger a casi un centenar de menores.
Se habló no solo de cupos sino también de partidas concretas, en definitiva de inversiones. Pero años después poco se ha hecho.
A la vieja prisión se accede por la puerta o saltando por los muros gracias a mantas atadas con cuerdas. A las celdas que fueron selladas por operarios de
Obimace se pasa por los huecos de antiguos ventanales en donde se han colocado escaleras e infraestructuras válidas para burlar ese cierre casero que ideó la Ciudad.
Interior realizó una concesión del terreno pero la falta de intervención no hace sino aumentar la queja de un vecindario que reclama seguridad para evitar estas situaciones extremas, para aminorar los riesgos que persisten. Los vecinos no quieren parcheos quieren que se dé una utilidad a una vieja cárcel que está cerrada desde noviembre de 2017.
Mientras no se construye el centro de menores, al menos solicitan que se limpie el lugar por la insalubridad que supone la acumulación de basura.
De igual manera se podría disponer del solar para aparcamiento hasta que se dé luz verde a un proyecto político que sigue bloqueado y sobre el que no se han pronunciado todavía las distintas administraciones con peso en nuestra ciudad. Mientras, los vecinos son los paganos de la situación.