Lo recoge la guía de criterios de actuación judicial, debe trabajarse por prestar una especial atención a las víctimas. No hay excusas y, a estas alturas, tampoco caben errores.
Quienes denuncian haber sufrido un episodio tan grave como es una agresión sexual deben ser protegidos desde el minuto uno, mientras dure toda la investigación, preservando no solo su intimidad e imagen sino también el contacto entre víctima y denunciado en las dependencias judiciales.
No es de recibo ni que la víctima y denunciado coincidan en los juzgados porque han sido citados a la misma hora por la Policía ni que a las puertas se monten unos auténticos saraos al permitirse que familias de implicados estén en la misma puerta.
No hay nada que inventar, todo forma parte de un protocolo que se debe conocer a la perfección y que en casos tan sensibles como una denuncia presentada por una menor debe tener incluso mayor control.
Parece mentira que con tanta publicidad y tanto dinero invertido en este tipo de asuntos se sigan no solo cometiendo fallos sino permitiendo que se produzcan.
La autoridad responsable permite que el acceso al juzgado sea, en muchas ocasiones, una feria. Con familias apostadas en la misma puerta esperando ver qué pasa con detenidos dejando la puerta abierta a posibles coacciones a víctimas. No hace falta insultar, una simple mirada puede afectar en el comportamiento de una víctima que tiene que estar protegida.
Dentro de las instalaciones es imperdonable que se falle hasta el punto de que denunciante y denunciado se vean, se crucen o contacten.
Si esto pasa, ¿quién es responsable?, ¿quién tiene que poner los medios urgentes y por qué no se hace? Este jueves falló todo con una menor. Que no vuelva a ocurrir debe ser una prioridad.