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Una única víctima de explotación sexual en los últimos cinco años

El dato procede del Balance Estadístico 2017-2021 sobre Trata y Explotación de Seres Humanos en España, elaborado por el Centro de Inteligencia contra el terrorismo y el Crimen Organizado (CITCO)

por Redacción
03/08/22 - 15:30 CEST
prostitucion
Imagen de archivo

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Las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado liberaron en 2019 a la única víctima de las redes de trata y por delitos de explotación sexual de los últimos cinco años en Ceuta. Solo en 2021, la Policía Nacional y la Guardia Civil salvaron en España a 1.056 personas entre esta circunstancia –incluidas dos menores cuyos matrimonios pretendían forzar– y el ámbito laboral.

Así aparece reflejado en el Balance Estadístico 2017-2021 sobre Trata y Explotación de Seres Humanos en España, elaborado por el Centro de Inteligencia contra el terrorismo y el Crimen Organizado (CITCO), adscrito a la Secretaría de Estado de Seguridad del Ministerio del Interior.








De acuerdo con la actividad preventiva vinculada a la explotación sexual, el informe recoge que un año después de que se registrase la única víctima en Ceuta (2020), las inspecciones administrativas por parte de la ciudad autónoma ascendieron a solo una.

El balance estadístico precisa a nivel estatal que las víctimas liberadas de las redes de trata de seres humanos para su explotación sexual fueron 136: 129 mujeres, 5 hombres y 2 menores de edad. Colombia, Paraguay, Rumanía y Venezuela son los principales países de origen de estas víctimas.

En el caso de las víctimas rescatadas de situaciones de explotación sexual se repite la misma proporción: de un total de 355, 342 eran mujeres adultas, 9 hombres y 4 niñas. En su mayoría, las víctimas proceden de Colombia, España, República Dominicana y Rumanía.

Además, en 2021, Policía Nacional y Guardia Civil realizaron 1.380 inspecciones administrativas en lugares de ejercicio de la prostitución, actividad que permitió identificar a 4.704 personas en situación de riesgo por ejercer la prostitución en esos establecimientos.

Inspecciones por explotación laboral en Ceuta

No obstante, dentro de la prevención de la explotación laboral, las inspecciones administrativas han ido en aumento en Ceuta: 30 en 2017; 25 en 2018 (caída del indicador); 245 en 2019 (incremento significativo respecto a los dos ejercicios anteriores); 275 en 2020 (prosigue la escalada) y, por último, en 2021, se realizaron 170 (retroceso considerable).

En cuanto a los trabajadores inspeccionados en la ciudad autónoma a lo largo de esta secuencia temporal que comprende los últimos cinco años, 59 lo fueron en 2017; 75 en 2018; 321 en 2019; 479 en 2020; y 329 en 2021.

Respecto a las actuaciones emprendidas contra las redes de trata de seres humanos con fines de explotación laboral, las víctimas liberadas a escala estatal fueron 51, 33 de ellas de sexo femenino. Por países, Honduras es el país de origen mayoritario.

Por lo que respecta a las víctimas de explotación laboral, entre 2017 y 2020, a nivel nacional, el 55 por ciento eran hombres, habiendo ido aumentando la proporción de hombres frente a mujeres desde 2017, cuando la proporción de mujeres explotadas era superior a los hombres con un 68 por ciento, hasta 2020 con una relación de 3 hombres por cada mujer. La edad más frecuente se sitúa entre los 23 y 32 años y las nacionalidades más características en este ámbito fueron Rumanía, España y Marruecos.

Detección temprana en las llegadas irregulares en frontera

La trata de personas es una grave violación de los derechos humanos y una de las actividades criminales más lucrativas, sólo por detrás del tráfico de drogas y al mismo nivel que el tráfico de armas. Esta realidad creciente ha impulsado la elaboración de un Plan Estratégico Nacional contra la Trata y la Explotación de Seres Humanos 2021-2023, que el Ministerio del Interior presentó el pasado 12 de enero.

El plan potencia y articula medidas para mejorar la lucha contra este delito y facilitar la asistencia y protección a sus víctimas, todo ello mediante un mecanismo de cooperación entre los distintos organismos de la Administración General del Estado implicados, así como con las organizaciones especializadas de la sociedad civil.

Además, hace hincapié en que debe tenerse especialmente en cuenta la necesidad de mejorar las herramientas y mecanismos para una detección temprana de las víctimas, incluyendo determinados contextos complejos como pueden ser los de las llegadas irregulares en frontera

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