La opción de rescindir ya el contrato vigente de limpieza pública viaria y recogida de residuos sólidos urbanos que Trace gestiona en Ceuta desde 2013 con fecha de vigencia hasta febrero de 2023 es la salida de las tres ofrecidas por la Abogacía del Estado que más viabilidad ha cobrado a tenor del análisis que de todas las alternativas están haciendo los políticos y técnicos de la Ciudad para no tener que prescindir de los servicios extraordinarios de limpieza anticoronavirus encargados por la administración ni destruir el empleo generado (treinta nuevos contratos y veinte ampliaciones de jornada).
Según las fuentes consultadas con este periódico, esa vía se contempla más factible que la de recurrir a un medio propio (como Tragsa u Obimace u otra empresa pública) para encomendarle esos trabajos o la de una declaración de emergencia que lastran los reparos de la Consejería de Sanidad a avalarla.
El Gobierno que preside Juan Vivas se está planteando no adoptar una decisión en solitario, sino llevar el asunto a Pleno para darle a la alternativa que se elija todo el respaldo político e institucional posible. Según el dictamen de la Abogacía del Estado, “si se pretende mantener la revisión del Plan de Servicios, el contrato deberá resolverse y celebrarse uno nuevo bajo las condiciones pertinentes”.
Al tiempo de incoarse el expediente administrativo de resolución del contrato se podrá iniciar el procedimiento para la adjudicación del nuevo contrato, que se demoraría entre año y medio y dos años según las estimaciones del Ejecutivo, si bien la adjudicación “quedará condicionada a la terminación del procedimiento de resolución” supuestamente sin necesidad de pagar una indemnización del 3% de los servicios sin realizar (alrededor de un millón de euros) a la concesionaria actual.
En este caso se aplicaría la tramitación de urgencia a ambos procedimientos y se podrá obligar a la actual contratista “a realizar entretanto los servicios de refuerzo de higienización y desinfección propuestos”.
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