Persianas echadas. Ni una sola mascota en sus salas de espera. No hay señal alguna de movimiento en las ocho clínicas veterinarias de Ceuta.
No es la estampa clásica de un domingo. Es martes por la mañana y ninguno de los establecimientos locales abren sus puertas. Los profesionales, con este gesto, muestran su inconformidad con la normativa relativa a la administración de antibióticos.
El cambio comenzó a idearse años atrás, pero hasta ahora no ha quedado completamente patente. A estas pautas se suma el registro de los expedientes de cada caso abordado en una plataforma del Ministerio de Agricultura. Aunque el cierre estaba estipulado para las once de la mañana, los veterinarios han decidido echar el cerrojo desde bien temprano.
Solo han quedado abiertos de cara al público servicios adjuntos no relacionados con el tratamiento como, por ejemplo, tiendas de artículos para animales.
Al aproximarse a algunos de los establecimientos, solo se han visto carteles con los horarios puestos o algún que otro aviso. 'Solo está abierta la peluquería', ha rezado un anuncio en la de Real 90.
Un par de calles más lejos, en la Reinosa, se dibujó una imagen similar. Ningún ajetreo ni atisbo de actividad. Solo ha estado accesible, de forma tímida, un pequeño comercio en el que suministran distintos productos alimenticios.
Los profesionales ya manifestaron a este periódico hace unas semanas que estas nuevas directrices llevan a demoras en la tramitación de recetas, a mayores costes tanto para la clínica como para el cliente y a situaciones en las que, ante el temor a una sanción, no se atiende a un animal por no tener chip.
La espera que acarrea el papeleo en consulta o en un caso urgente y el encarecimiento de la prestación del servicio son las objeciones que más preocupan a los colegiados. Estos expertos aseguraron que, el hecho de tener que cumplimentar documentos o practicar por deber ciertas pruebas diagnósticas para atender a una mascota, producen una serie de inconvenientes que pueden afectar directamente a los pacientes.
El perfil que más puede sufrir esta clase de repercusiones es, tal y como señalaron, el gato o el perro callejero ya que en la ficha técnica de inscripción exigida debe figurar el nombre del dueño o responsable de los mismos. La inexistencia de un chip genera la duda de a quién se debe suscribir en el documento y, con ello, el miedo a un error que termine en una multa económica. Ello lleva a los profesionales a replantearse si continuar o no con el tratamiento de tal modo que el usuario puede quedarse sin el mismo.
El sector en Ceuta se ha puesto en pie en contra de este nuevo paradigma y, con este parón, se han sumado al resto de compañeros de gremio que este martes se manifiestan en España.
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