Veterinarios denuncian trabas a la hora de abordar tratamientos

Nació con la finalidad de evitar un uso excesivo de los antibióticos para abordar patologías en animales. Sin embargo, en el presente, la puesta en marcha de un sistema informático de comunicación junto con el Real Decreto 666/2023 del 18 de julio, provoca en el sector la primera oleada de denuncias públicas en su mes de estreno, una reacción a la que se suman también los veterinarios de Ceuta.

La demora que acarrea el papeleo en consulta o en un caso urgente y el encarecimiento de los tratamientos son las principales objeciones de los colegiados.

Estos expertos aseguran que, el hecho de tener que cumplimentar documentos o practicar por deber ciertas pruebas diagnósticas para atender a una mascota, producen una serie de inconvenientes que pueden afectar directamente a los pacientes.

El perfil que más puede sufrir esta clase de repercusiones es, tal y como señalan, el gato o el perro callejero ya que en la ficha técnica de inscripción exigida debe figurar el nombre del dueño o responsable de los mismos.

La inexistencia de un chip genera la duda de a quién se debe suscribir en el documento y, con ello, el temor a un error que termine en una sanción económica. Ello lleva a los profesionales a replantearse si continuar o no con el servicio de tal modo que el usuario puede quedarse sin prestación.

“Los perros o gatos que lleguen a la clínica y que estén sin identificar solo van a acceder a un pinchazo. Son, sin lugar a dudas, los más perjudicados en este asunto. Los demás, simplemente se adaptan”, explica David Jimena, del centro Punta Sur.

“Muchos no se van a mojar. Si se precisa de un antibiótico en un supuesto así y se sabe a ciencia cierta que hacerlo conlleva sanción, no se van a arriesgar”, indica.

A su juicio como titulado en este campo, la normativa en algunos puntos “es muy exigente”. Una de estas cláusulas es la relativa al reconocimiento.

“Si no tiene nada que permita reconocerlo, por desgracia no se le puede mandar una medicación. Eso tiene perplejos a todos los del gremio. Nos preguntamos cosas como: ‘¿vamos a dejar que muera o cómo funciona esto?’”, remarca.

Retrasos y urgencias

El mayor obstáculo surge en las consultas y en aquellas situaciones en las que se presenta una emergencia. El primer escenario implica más tiempo. “Si una cita lleva una media hora, esto lleva a una completa por la burocracia”, comenta. Todos los pasos a seguir deben quedar plasmados en la plataforma PRESSVET, desarrollada por el Ministerio de Agricultura.

“La gestión es como la que se hacía. Lo único que ocurre es que antes si se daba algún problema se tenía un canal propio para tramitarlo en un talonario en físico, recetar, sellarlo y entregarlo al cliente”, agrega.

Por tanto, los requerimientos desembocan en una prestación del servicio más tardía, tal y como asevera. El atraso también interfiere en momentos de urgencia, en especial, ante la obligatoriedad de efectuar exámenes para respaldar el avituallamiento del antídoto.

“Ahora no se pueden administrar este tipo de remedios de forma directa. Habría que tomar una muestra y enviarla a un laboratorio para un cultivo y, después, hacer un antibiograma para determinar cuál sería el mejor fármaco”, explica.

El problema estriba en que, si un animal se halla en una circunstancia de riesgo para su salud o su vida, queda a la espera de los resultados, que pueden tardar hasta siete días, según advierte.

La norma marca también la clasificación de los antibióticos y con qué preferencia emplearlos. Leyre González, veterinaria titular de la clínica Leimar, ahonda en este cambio.

“Si por experiencia y conocimiento se sabe que la mascota debe recibir uno de clase B o C, no se puede adjudicar del tirón. Primero hay que intentarlo con los del D”, revela. De hecho, para aplicar los de categoría B se necesita desarrollar pruebas.

A su vez, hace hincapié en que en la demora del procedimiento también puede influir otro asunto. “Aquí se depende de una aduana en la que los tiempos no son rápidos”, matiza.

Más gasto

A esto hay que agregar gastos de más para el dueño al tener que comprar una caja entera. Previamente, existía la opción de ir a la farmacia y, en su defecto, de que el titulado sea quien le otorgue el número de píldoras de las que se requiere.

“Se hacía en muchas ocasiones. Si se precisaba solo de suministro para tres días, se concedían las pastillas contadas. No había que adquirir todo el producto. Eso lo han cortado.”, incide Jimena.

La condición de dispensar un artículo con todo el paquete está en el punto de mira por otra razón. González estima que no cumple con el objetivo de acabar con la resistencia a los antibióticos.

“Se venden 24 comprimidos más de los que se precisa. Nadie puede garantizar que, el dueño, cuando de nuevo enferme, le dé las que quedan”, comenta.

Hasta la fecha están en fase “de adaptación” ante el nuevo panorama y manifiestan que no se han producido contratiempos reseñables.

La ley lleva menos de un mes en activo. Solo conocen el caso de un gato sin chip y en vías de adopción que se ha quedado sin tratamiento por temor a una sanción.

Sanciones económicas de un grado mínimo de seis mil euros

Las multas por incumplir las indicaciones legales establecidas por el Gobierno suponen penalizaciones que oscilan desde un mínimo de 6.000 euros hasta un máximo de 1.000.000, cifras que varían en función de la magnitud de la infracción.

Las más leves tienen como tope la primera cantidad mencionada y en el caso de las catalogadas como muy graves, la segunda, que puede incluso “ser rebasada hasta alcanzar el quíntuplo del valor de los productos o servicios que sean el motivo de esta falta”, según apunta el Real Decreto Legislativo 1/2015, de 24 de julio, texto en el que se recogen al detalle los gravámenes.

Los castigos financieros ya estaban previamente establecidos, pero, la entrada de estas pautas obligatorias lleva a los veterinarios a un escenario diferente en el que, desde su perspectiva, los deriva a una mayor probabilidad de sufrir este tipo de consecuencia.

Más allá de esta repercusión, Jimena alega que, en cuanto a los procedimientos habituales en su clínica, se siente “atado de pies y manos” a la hora de tratar un caso de urgencia.

A pesar de ello, considera que hay un lado positivo dentro de este contexto. “La parte buena, o al menos eso es lo que quiero creer, es que todo tránsito tiene siempre un periodo de adaptación que es lento, pero, en el momento en el que todos los usuarios queden registrados, ya aparecerán directamente sus datos y será más rápido el trámite”, concluye.