Que no es lo mismo. La diferencia estriba en que la verdad posee la “cualidad de ser veraz”, mientras que lo verosímil es aquello que “es creíble por tener apariencia de verdadero”. Se puede colegir que, mientras “verdad” es un término objetivo, “verosímil” es un término subjetivo. Muy pocos en este país podemos afirmar que son VERDAD los casos de corrupción con los que nos desayunamos día sí día también. Sólo algunos elegidos (entre los que se encuentran desde luego sus protagonistas) saben si los políticos que están en la mente de casi todos, han hecho lo que se dice que han hecho. No existe absolutamente ninguna autonomía española en la que no haya uno o más casos de sospecha de corrupción. Sin embargo, a día de hoy todavía no se ha podido probar de forma indubitada casi ningún caso, y desde luego ninguno de importancia desde aquel lejano “Filesa”. La pregunta es ¿por qué la ciudadanía da por hecho que “es verdad” cada vez que aparece uno nuevo, pasando por encima de la presunción de inocencia?
Hasta no hace mucho tiempo algunos defendíamos que no era la política la que estaba corrupta, sino que eran algunos políticos. Vano intento. La impresión general es que “la actividad política” está corrupta, está podrida. Sencillamente porque los ciudadanos ven que los políticos no hacen leyes para controlar su acción, y que, cuando las hacen, se buscan los vericuetos para saltárselas a la torera. Ejemplo uno, pero no único, es lo que sucede con las cuentas de los partidos políticos y su fiscalización por el Tribunal de Cuentas. Sabemos, porque así está legislado, que los delitos fiscales prescriben a los 4 años. ¿Y saben ustedes cuánto retraso tiene el Tribunal de Cuentas para informar sobre las inspecciones a los partidos políticos? Exacto: 4 años. Con lo que, cuando viene a detectar alguna ilegalidad el presunto delito… ya ha prescrito.
Es IMPRESCINDIBLE, si de verdad queremos que los ciudadanos confíen en sus políticos, que éstos promulguen férreas leyes de control sobre su acción política. Se ha abusado del concepto de la “presunción de inocencia”, y ha servido como parapeto de delincuentes públicos. Mientras a nuestra Justicia no se le provea de los medios humanos y técnicos para ser eficiente (algunas sentencias tardan 12 años en ser firmes, tiempo en el que los presuntos campan a sus anchas), la presencia de determinados elementos en la “cosa” pública hace que el ambiente sea irrespirable. A la política hay que llegar con los méritos necesarios para desempeñar el cargo para el que se propone, y con el “culito limpio, perfumado, y con talco”. Cualquier imputado en un procedimiento por corrupción no puede desempeñar cargo político, y mucho menos formar parte de una lista electoral. De lo contrario nos encontraremos con más Bárcenas, individuo éste que “presuntamente” ha superado a su “maestro” y precursor de la corrupción política, el recordado Juan Guerra, que utilizaba su despacho en la Delegación del Gobierno de Sevilla para intereses inconfesables.
Solamente con el endurecimiento y cambio de nuestras leyes, y con la elección escrupulosa de los partidos en la elección de sus candidatos y cargos, se podrá conseguir que el ciudadano de a pie, cuando se le presente un caso de corrupción política espere al pronunciamiento de los jueces sobre si es “verdad”, sin pensar que, lo sea o no lo sea, es “verosímil”.
CORROMPER: OLER MAL, PUDRIR, SOBORNAR (Diccionario RAE).