El Área de Fomento de la Delegación del Gobierno tramita una quincena de expedientes de recuperación posesoria del dominio público marítimo-terrestre en Benzú por incumplimiento de la Ley de Costas, los cuales corresponden a viviendas en las que residen vecinos de la barriada. Su finalidad última será la demolición si las construcciones carecen de una concesión administrativa, es decir, de una autorización del Estado. Las notificaciones comenzaron a llegar a los afectados a finales de noviembre, un colectivo que manifestó ayer su rechazo a abandonar sus viviendas y, por extensión, la barriada que los vio nacer. “Nuestras familias viven aquí desde hace más de cien años. Antes era el hogar de militares y guardias civiles, de hecho, muchas de las casas se las cedieron o vendieron a nuestras familias”, explicaron los perjudicados con el respaldo de la Asociación de Vecinos de Benzú. El Gobierno de la Plaza de los Reyes anunció ayer que, a aquellas edificaciones que no estén amparadas legalmente por un título administrativo, procederá a retornar la posesión de esos bienes para que el dominio público cumpla su finalidad, es decir, que sea libre, público y gratuito, tal y como determina la Constitución, explicó Bharat Bhagwandas, director general del departamento. “Este expediente –el cual se encuentra en su fase inicial– viene integrado por una serie de fases con todas las garantías para los interesados, es decir, incluye la notificación del acuerdo de de inicio; el trámite de alegaciones; el plazo de audiencia; la resolución de la recuperación de de esos bienes y posteriormente la guía de recursos”, contempló el responsable del Área de Fomento. Aunque sin ofrecer plazos concretos, Bhagwandas señaló que la resolución del expediente puede ser cuestión de meses. La ocupación de los bienes de dominio público marítimo-terrestre solo es posible si está amparada por un título legal conforme a la Ley de Costas mediante concesión o autorización administrativa, apuntó Bhagwandas. Sin embargo, en el Área Funcional de Fomento no les consta que las edificaciones que recibieron estos escritos tengan el título administrativo de ocupación, añadió. Una categoría de la que quedan excluidas escrituras y contratos de compra-venta. En las alegaciones al recurso de recuperación, en términos generales, los vecinos exponen su sorpresa porque un funcionario de esta administración sea quien constate la existencia de las casas, máxime, cuando la unidad familiar está inscrita en el padrón municipal declarando las viviendas como domicilio habitual. Asimismo, aseguraron tener contratados diversos servicios en sus casas desde hace años, además de abonar sus respectivas tasas y demás impuestos locales. Los vecinos consideran que se encuentran ante una maniobra “malintencionada” por parte de la Delegación del Gobierno y que “vulnera” las garantías procesales y administrativas que rodean a este tipo de procesos. Los afectados sostienen en las alegaciones que también incumple la Ley 33/2003 del Patrimonio de las Administraciones Públicas y consideran que el instructor debe declararlo “nulo de pleno derecho” porque el procedimiento es inadecuado. Por otra parte, la Ley de Costas no habla de la obligación de realojar a los inquilinos, puntualizó Fomento de la Delegación, una cuestión que quedaría en manos de la Ciudad Autónoma. La Asociación de Vecinos solicita una reunión por la “inquietud” Hasta el momento, la Delegación del Gobierno contabilizó el inicio de 15 expedientes, aunque tampoco descartó que sean más. Esta cifra se traduce, según el Gobierno de la Plaza de los Reyes, en el mismo número de edificaciones que están dentro del deslinde, es decir, de la delimitación de los bienes que son de dominio público marítimo-terrestre, una línea determinada por mojones y que especifica qué bienes integran ese dominio. La Asociación de Vecinos de Benzú, al conocer que estas notificaciones comenzaron a llegar a los domicilios de la barriada, solicitó una reunión con el gabinete de la Delegación del Gobierno, la cual aún no tuvo lugar. Un anuncio de derribo que ha generado “alarma e inquietud entre los vecinos”. Los vecinos insistieron en que se niegan a dejar Benzú pero, en caso de que tuvieran que ser reubicados por la demolición en otro lugar, exigen que sea en la barriada. “Nos dijeron que el proyecto Europan 8 estaba aprobado –construcción de viviendas en el depósito de vehículos en Benzú–, pero ahora parece que aquello se borró de la memoria de las autoridades”, lamentaron.quino Una de las edificaciones objeto de expediente de recuperación posesoria.