Varias oenegés, entre ellas AI o Human Rights, han suscrito una carta conjunta dirigida al nuevo comisario europeo de Migración y Asuntos de Interior, Dimitris Avramopoulos, para mostrarle su preocupación por las expulsiones sumarias de inmigrantes que se realizan desde las fronteras de Ceuta y Melilla y que estarían avaladas por la ley de Protección de la Seguridad Ciudadana. Reclaman que se inicie un procedimiento de sanción contra España por sacar adelante estas medidas.
“Tanto estas prácticas como la enmienda propuesta” por el PP “vulneran no sólo las obligaciones de España en materia de derechos humanos bajo el Derecho internacional y comunitario, sino también la Directiva de Procedimiento de Asilo, el Código Schengen, la Directiva de Retorno y la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea”, explican en esa misiva, en la que se hacen eco de la postura beligerante que sobre este tema mantuvo su predecesora, Cecilia Malmström.
La propuesta que defiende el PP pasa por blindar jurídicamente que los extranjeros que sean detectados en la línea fronteriza de Ceuta y Melilla, intentando el cruce no autorizado de la frontera de forma clandestina, flagrante o violenta serán rechazados a fin de impedir su entrada ilegal en España.
Las oenegés consideran que dicha enmienda “podría dar lugar a expulsiones sumarias y colectivas de migrantes, impidiendo el acceso a un recurso efectivo. La enmienda permitiría rechazar a las personas en las fronteras de Ceuta y Melilla sin detallar cómo se llevaría a cabo y sin establecer ninguna salvaguardia procesal. La falta de definición clara del proceso de rechazo y de garantías de derechos humanos privará a los solicitantes de asilo del procedimiento de asilo en España”, denuncian, aventurando la posibilidad de que estos inmigrantes sufran torturas en Marruecos.
“Debe ponerse de manifiesto que el Gobierno pretende aplicar este procedimiento a personas migrantes y solicitantes de asilo que ya se encuentran en el territorio español, basándose en una aberrante interpretación acerca de dónde comienza España”, argumentan. “El Gobierno ha llegado incluso a afirmar que no se considerará que un inmigrante ha entrado en territorio español en tanto no haya rebasado la línea policial”, añaden.
Se considera la violación de acuerdos y normas internacionales y se recuerda que el derecho de la UE establece un tratamiento específico para Ceuta y Melilla en relación con el control de aduanas y la exención de visado para los marroquíes residentes legales en las ciudades de Tetuán y Nador. Estas exenciones, sin embargo, no pueden justificar el incumplimiento de las obligaciones bajo la legislación comunitaria mencionada más arriba, que deben ser respetadas por España en su territorio y en sus fronteras, incluyendo Ceuta y Melilla”.
UFP no cree que las oficinas de asilo generen presión La Unión Federal de Policía (UFP) no cree que la decisión del Ministerio del Interior de instalar nuevas oficinas para pedir asilo en los pasos fronterizos de Ceuta y Melilla vaya a provocar un efecto llamada, ya que a una parte de los inmigrantes “no les interesa” ejercer este derecho. El sindicato señala que el procedimiento de asilo es "complejo" y los inmigrantes deben evaluarlo en función de sus intereses, como por ejemplo ir a otros países europeos, donde les podrían denegar la solicitud de protección internacional si previamente lo han pedido en España. “Son libres y tienen que seleccionar, pero no creo que esto tenga un efecto llamada". En el caso de Melilla, desde hace un tiempo la Policía ya está recibiendo peticiones de asilo en la frontera de Beni Enzar, aunque es necesario adaptar las instalaciones para poder atender esta labor, mejoras que vendrán de la mano de las oficinas anunciadas. En el caso del Tarajal, aún no se ha informado de casos. La creación de nuevas oficinas de asilo ha sido aplaudida por las oenegés ya que de hecho era una de las reclamaciones que desde hace años habían efectuado ante el Ministerio de Interior. Esta medida acorta a días los plazos de espera.