Varapalo judicial a los interinos docentes al no paralizarse las oposiciones

La Audiencia Nacional ha desestimado la paralización de las oposiciones docentes que el mes que viene arrancarán en todo el país para Educación Secundaria.

Esta es la primera medida cautelar solicitada por la Asociación Nacional de Interinos y Laborales mediante la impugnación del acuerdo suscrito por el Gobierno con los sindicatos CCOO, UGT y CSIF sobre “un plan que solo saca las plazas a concurso, no estabiliza al empleado ni tiene en cuenta a los interinos después de años dando un servicio a la Administración”.

Todas las ofertas de empleo público emanan de ese acuerdo y, por tanto, de haber prosperado, las hubiese suspendido del mismo modo.

La Plataforma de Interinos Docentes de Ceuta (PIDOCE) no ha contratado los servicios del abogado que defiende los intereses del colectivo, Manuel Nicolás Martos, pero su presidente, Luis M. Tovar, avanza que a nivel autonómico se van a personar en su causa ante la Audiencia Nacional. En cualquier caso, está en contacto con docentes que trabajan con él y la información es que la Justicia ha rechazado esa medida cautelar, “pero no todas, y el proceso sigue adelante”.

De forma paralela, la asociación local recuerda que de manera inminente impugnará las oposiciones de Secundaria en Ceuta, mientras que aguarda para emprender acciones similares en Primaria.

Por su parte, el actual Gobierno de la nación descarta la aplicación de una Transitoria similar a la que se puso en marcha en la última etapa socialista (2007 y 2009) y que facilitó que los interinos con años de experiencia obtuvieran plaza entonces.

La PIDOCE propone una doble vía de acceso libre a la que cualquiera pueda presentarse

PIDOCE sostiene que una nueva Transitoria no tiene por qué ser en base al informe que declaró ilegal en 2012 esa consolidación de mediados de la década pasada que nunca se revisó.

En concreto, la PIDOCE solicita al Ministerio de Educación en Ceuta una doble vía de acceso que se diferencia de aquella planteada en otros foros.

Su propuesta consiste en dos accesos libres, es decir, no restringido uno para interinos con más de tres años de servicio y otro para nuevos opositores, sino que el interesado se pueda presentar a cualquiera de las dos vías.

Para los interinos que ocupan plaza en la actualidad, aquellas denominadas estructurales, habría un cupo de plazas y, por otra parte, se reservaría para los profesionales de nuevo acceso la tasa de reposición –jubilaciones, bajas por enfermedad o fuerza mayor, traslados en mitad de curso o puestos de cargos políticos o liberados sindicales–.

No obstante, precisó Tovar, cualquiera se podría presentar a cualquiera de las dos vías en un guiño aperturista más allá del artículo 61.6 del Estatuto Básico del Empleado Público (EBEP).

Ese apartado del EBEP establece que en situaciones excepcionales se podría acceder a la Función Pública por concurso de méritos, es decir, sin examen pero en virtud de ley, lo cual significa que tendría que promulgarse una ley orgánica que lo regulase y, tal y como está configurado el Congreso en la actualidad, se antoja complicado.

Por vía judicial también se puede presionar a las fuerzas políticas. La opción existente consiste en denunciar el estatus de indefinido no fijo tal y como marca Europa.

En algunas autonomías, indicó Tovar, ya se ha ganado y el Tribunal Superior correspondiente ha anulado el despido por improcedente de modo que ese trabajador han tenido que volver a ser admitido.

La PIDOCE también criticó el sistema de oposiciones que tiene un primer examen eliminatorio, es decir, que si el aspirante no aprueba la primera prueba memorística que, además, lo corrige un tribunal –no como ocurre en otras administraciones que cuentan con un tipo test del que sale apto o no apto–, ese aspirante queda fuera de las oposiciones.

El opositor no podría presentarse a la parte práctica que, a priori, es el apartado con el cual los interinos pueden compensar y llegar a la fase de concurso.

A su juicio, este proceso no es un concurso oposición, sino una oposición eliminatoria y aquel que la pase opta a concurso donde presentar los méritos, experiencia, cursos y másteres cuyo peso, aún así, también ha disminuido.